La Contraloría General de la República puso bajo la lupa el manejo de recursos destinados a programas de formación avanzada en Colombia, tras identificar inconsistencias millonarias en proyectos de becas financiados con regalías en los departamentos de Chocó y Magdalena.
De acuerdo con el organismo de control, las auditorías realizadas evidenciaron hallazgos fiscales que superan los $69.000 millones, luego de que no se encontraran soportes que permitan comprobar el destino final de los recursos públicos invertidos en iniciativas orientadas a estudios de maestría y doctorado.
Estos proyectos tenían como objetivo fortalecer las capacidades en ciencia, tecnología e innovación en las regiones, pero los resultados no pudieron ser verificados. Según el informe, no existen registros claros de beneficiarios, constancias de estudio ni evidencia de productos académicos derivados de las inversiones. Lea: Petro acusa a la Contraloría de “cómplice de un robo” por recursos de pensiones
En el caso del Magdalena, la iniciativa aprobada en 2013 con recursos del Sistema General de Regalías reportó desembolsos por $28.210 millones. Sin embargo, los auditores concluyeron que no fue posible establecer una relación directa entre los dineros ejecutados y los resultados obtenidos, debido a la falta de documentación que respalde su ejecución.
Para Chocó, el panorama es aún más crítico. El proyecto, aprobado en 2012 por $41.608 millones, presenta vacíos adicionales, entre ellos la ausencia de evidencia sobre estudiantes graduados, falta de productos académicos y debilidades en el seguimiento de los recursos. Tampoco se encontraron expedientes completos ni registros oficiales que permitan reconstruir la ejecución del programa.
Contraloría advierte fallas en control de becas con regalías
El informe también deja en evidencia problemas estructurales en los sistemas de control interno de las entidades responsables. Estos fueron calificados como “inadecuados”, al detectarse que no se realizaron auditorías durante la ejecución, que los recursos no estuvieron sometidos a mecanismos efectivos de seguimiento y que no existieron controles formales.
Otro aspecto que llamó la atención del ente de control es la falta de transparencia en la información contractual. Parte de los datos relacionados con estos proyectos no fue reportada en plataformas oficiales como el SECOP, lo que limita la trazabilidad de los recursos.
Ante este escenario, la Contraloría anunció el inicio de procesos para determinar posibles responsabilidades fiscales individuales. Además, trasladó los hallazgos a la Procuraduría General de la Nación y a la Fiscalía General de la Nación, con el fin de que se adelanten las investigaciones correspondientes en materia disciplinaria y penal.