El presidente Gustavo Petro anunció que evalúa emprender acciones judiciales contra varios magistrados del Consejo Nacional Electoral, luego de que la Corte Constitucional de Colombia confirmara que ese organismo no tiene competencia para imponer sanciones al jefe de Estado por presuntas irregularidades en la financiación de su campaña presidencial de 2022.
A través de su cuenta en X, el mandatario aseguró que solicitará a su equipo jurídico revisar la actuación de los integrantes del tribunal electoral y determinar si incurrieron en una conducta irregular al avanzar en decisiones sobre este caso. “Consultaré con mis abogados si lo cometido por magistrados y miembros del Consejo Electoral fue un prevaricato, para poner las acciones respectivas”, afirmó el mandatario. Lea: Ponencia del CNE dejaría en firme sanción contra campaña Petro por violación de topes
La decisión de la Corte Constitucional se dio tras estudiar una solicitud que buscaba anular un fallo previo, en el que ya se había determinado que la autoridad encargada de investigar al presidente en ejercicio por eventuales violaciones a los topes de campaña es la Comisión de Acusaciones de la Cámara, y no el Consejo Nacional Electoral.
Con una votación de seis magistrados a favor y dos en contra, la Sala Plena dejó en firme esa interpretación. Los magistrados Jorge Enrique Ibáñez y Carlos Camargo se apartaron de la mayoría, mientras que las magistradas Paola Andrea Meneses, Natalia Ángel y el magistrado Miguel Polo presentaron aclaraciones de voto. En esta discusión no participó el magistrado Héctor Alfonso Carvajal, quien se declaró impedido.
Corte limita facultades del CNE sobre campaña de Petro
Con esta determinación, el alto tribunal también dejó sin efecto parcial una decisión del Consejo de Estado que había reconocido al CNE facultades para investigar la financiación de la campaña presidencial de Petro en 2022.
El pronunciamiento reaviva la discusión jurídica sobre los alcances de las funciones del Consejo Nacional Electoral frente al presidente en ejercicio y abre la puerta a una nueva confrontación entre el Gobierno y las autoridades electorales, ahora en el terreno judicial, a partir del anuncio hecho por el mandatario sobre posibles denuncias por prevaricato contra los magistrados involucrados en el proceso.