En medio de la controversia por la intervención de Coosalud EPS, el Tribunal Administrativo de Bolívar emitió un nuevo pronunciamiento que busca despejar dudas sobre la representación legal de la entidad y el control de su administración.
Tribunal de Bolívar aclara quién es el representante legal de Coosalud EPS tras polémica por intervención
En su decisión del 23 de abril, el alto tribunal reiteró que Coosalud EPS sí cuenta con representantes legales debidamente designados. Según el fallo, la administración debe ser entregada a:
- Jaime González Montaño, designado como representante legal presidente desde 2018.
- Natalia Largo González, representante legal suplente desde 2023.
La aclaración surge luego de que ambos solicitaran al tribunal precisar su condición, especialmente frente al momento en que la EPS fue intervenida en noviembre de 2024. Lea: Colombia legaliza la hidrólisis alcalina para cadáveres
Contradicción con declaraciones oficiales
El pronunciamiento contradice lo afirmado recientemente por María José Navarro, quien aseguró públicamente que la EPS no tenía representante legal ni registro formal en la Cámara de Comercio.
Ante esto, el tribunal ordenó notificar su decisión a la Cámara de Comercio de Cartagena, para dejar constancia oficial de la representación legal de la entidad.
Asimismo, dispuso informar a la Contraloría General de la República y a la Procuraduría General de la Nación.
Suspensión de la intervención de Coosalud EPS
Cabe recordar que el tribunal ya había adoptado una medida cautelar el pasado 16 de abril, mediante la cual suspendió las resoluciones expedidas por la Superintendencia Nacional de Salud que ordenaban la toma de posesión e intervención de Coosalud EPS.
La decisión también dejó sin efectos la prórroga de la intervención emitida en noviembre de 2025.
Denuncia contra el interventor
En paralelo, la defensa de Jaime González radicó una denuncia ante la Fiscalía contra el interventor de la EPS, Jorge Orlando Suárez, por presuntamente no acatar la orden judicial.
Según el abogado, los hechos podrían configurar delitos como prevaricato por acción, usurpación de funciones públicas y fraude a resolución judicial.
Argumentos del tribunal: deterioro tras la intervención
Al analizar el caso, el tribunal concluyó que, aunque la intervención buscaba estabilizar la EPS, los resultados no se materializaron.
Por el contrario, tras la medida se evidenció:
- Aumento significativo de quejas y acciones de tutela.
- Deterioro de los indicadores financieros.
- Incremento “exponencial” de la insatisfacción de los usuarios, con más de 107.000 PQR registradas.
- Inestabilidad en la dirección de la entidad.
Un proceso aún en desarrollo
El caso de Coosalud EPS sigue en evolución y mantiene un fuerte pulso entre las decisiones judiciales y las actuaciones administrativas.
La reciente aclaración del tribunal refuerza el debate sobre la legalidad de la intervención y abre un nuevo capítulo en la discusión sobre el manejo del sistema de salud en Colombia.