La Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la CIDH presentó un nuevo informe sobre Colombia en el que advierte riesgos persistentes para el ejercicio periodístico. El documento señala como preocupaciones centrales la posible cercanía entre medios públicos y el Gobierno, los señalamientos contra periodistas y el uso de la publicidad estatal con criterios políticos que podrían influir en la cobertura informativa.
El informe también recopila denuncias de asesinatos, atentados y amenazas contra periodistas, especialmente en regiones con presencia de grupos armados. Según la Relatoría, estas condiciones afectan directamente la labor informativa y el acceso de la ciudadanía a contenidos independientes. Lea: Gustavo Petro y Delcy Rodríguez sellan alianza en seguridad e inteligencia
¿Qué riesgos enfrenta la libertad de prensa en Colombia según la CIDH?
La CIDH advierte sobre una “creciente estigmatización de la prensa por parte de funcionarios públicos”, lo que, en su análisis, contribuye a deteriorar el clima para el ejercicio del periodismo. Este fenómeno, señala el documento, puede derivar en autocensura y restricciones indirectas a la libertad de expresión.
En cuanto a los medios públicos, la Relatoría recoge preocupaciones sobre la inclusión de creadores de contenido o ‘influencers’ en espacios de opinión y análisis “sin garantías de transparencia”, de acuerdo con un estudio citado de Colombia Risk Analysis.
Además, el informe indica que se recibieron reportes sobre presuntas presiones dentro de RTVC para modificar, eliminar o abstenerse de publicar contenidos críticos al Gobierno. También menciona “salidas reiteradas de directivos y periodistas y posibles vetos a figuras críticas”, lo que podría afectar el pluralismo informativo.
La CIDH también hace referencia a declaraciones del director de RTVC, Hollman Morris, que, según denuncias recogidas, estarían dirigidas a deslegitimar a medios y periodistas que informan sobre la situación interna de la entidad. Lea también: Petro convoca marchas por una constituyente y críticas a tasas de interés
En ese contexto, más de 100 periodistas, abogadas y líderes de opinión firmaron recientemente una carta abierta en la que piden que cesen los ataques contra quienes han divulgado denuncias de violencia de género y posibles casos de acoso laboral dentro de RTVC.
La Relatoría insiste en que las decisiones sobre gestión, financiamiento y operación de los medios públicos deben adoptarse “con transparencia y participación de distintos sectores de la sociedad”, garantizando su autonomía editorial y evitando su uso como instrumentos de propaganda.
Otro de los puntos destacados es la estigmatización desde altos niveles del poder. El informe señala que “principalmente el Presidente de la República” ha calificado a ciertos medios y periodistas como “desinformadores”, “mentirosos”, “criminales” u “oligárquicos”, entre otros términos, con el aparente propósito de desacreditar su labor.
La CIDH advierte que este tipo de discursos no solo intensifica la polarización, sino que también puede fomentar la hostilidad y la intolerancia hacia la prensa en distintos sectores de la sociedad.
El informe también subraya los riesgos específicos que enfrentan las mujeres periodistas, quienes continúan siendo blanco de ataques en entornos digitales con un claro componente de violencia de género. Estas agresiones, según la Relatoría, buscan acallar sus voces y limitar su participación en el debate público.
En paralelo, se identificó un patrón de uso de procesos judiciales contra periodistas que investigan asuntos de interés público, como casos de corrupción. Estas acciones incluyen multas, órdenes de arresto e incluso situaciones de exilio.
Entre los casos mencionados se encuentra el de la periodista Lorena Beltrán, quien enfrenta varias tutelas por sus reportajes sobre presuntas irregularidades en la obtención de títulos médicos que habilitan la práctica de cirugías plásticas.
La Relatoría retoma advertencias sobre las llamadas demandas estratégicas (SLAPP), utilizadas para silenciar críticas más que para buscar rectificaciones, y que constituyen una amenaza directa a la libertad de expresión.
Finalmente, el informe resalta que el periodismo enfrenta riesgos significativos en territorios con presencia de grupos armados. Según datos citados de la Fundación Gabo, en 34 municipios el 24 % de los medios recibió amenazas para suspender coberturas y el 35 % evitó publicar información por seguridad. “Los testimonios reflejan un clima de silencio impuesto por actores ilegales”, concluye la CIDH, aunque también reconoce avances institucionales y judiciales orientados a proteger la libertad de prensa y el acceso a la información.