El Consejo de Estado admitió una demanda de nulidad contra el Decreto 0415 de 2026, expedido por el gobierno de Gustavo Petro, que ordena el traslado de cerca de $25 billones desde los fondos privados de pensiones hacia Colpensiones.
La medida impacta los ahorros de más de 120.000 afiliados que se acogieron a la denominada “ventana pensional”, contemplada en la reforma de 2024.
Consejo de Estado admite demanda contra decreto que ordena traslado de $25 billones a Colpensiones
El magistrado Juan Enrique Bedoya Escobar, de la Sección Segunda, admitió la acción presentada por el abogado Jesús Hernando Baena Álvarez. El proceso será de única instancia.
En este escenario, los ministerios de Hacienda y Trabajo, junto con la Procuraduría General de la Nación y la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, tendrán un plazo de 30 días para responder y remitir el expediente administrativo que dio origen al decreto.
Paralelamente, otras dos demandas fueron radicadas ante el alto tribunal. Una de ellas quedó en manos del magistrado Luis Eduardo Mesa Nieves, mientras que una tercera acción también fue asignada a Bedoya Escobar.
Argumentos: presunta ilegalidad e inconstitucionalidad
Los demandantes sostienen que el decreto sería ilegal e inconstitucional, al considerar que el Gobierno excedió su potestad reglamentaria.
Según los argumentos expuestos, el Ejecutivo estaría mezclando dos figuras distintas: el traslado de afiliados entre regímenes pensionales y el traslado efectivo de los recursos. A juicio de los juristas, el dinero solo debería moverse cuando el afiliado cumpla los requisitos para pensionarse.
Además, se plantea que una decisión de este alcance debía tramitarse a través del Congreso y no mediante decreto, lo que, según las demandas, desdibuja los límites entre funciones legislativas y reglamentarias.
¿Qué establece el decreto?
El Decreto 0415 obliga a las administradoras de fondos privados, Skandia, Protección, Porvenir y Colfondos, a transferir la totalidad de los ahorros individuales, incluidos rendimientos, de los afiliados trasladados al régimen público.
El cronograma fija que el 50 % de los recursos debe girarse en un máximo de 20 días, y el restante 50 % en los 10 días siguientes.
El universo incluye tanto a más de 22.000 pensionados ya trasladados a Colpensiones como a cerca de 97.000 afiliados que aún no cumplen los requisitos para pensionarse.
Gobierno defiende medida por equilibrio financiero
El Gobierno nacional ha sostenido que el decreto busca corregir un “desequilibrio financiero”, ya que actualmente Colpensiones paga mesadas a afiliados trasladados desde el régimen privado sin haber recibido sus recursos.
Según cifras oficiales, la nómina de la entidad pasó de $47,2 billones en 2023 a $55,5 billones en 2024, con un incremento significativo asociado a pensionados provenientes de fondos privados.
Asofondos y otras acciones legales
La Asofondos también demandó el decreto, calificándolo de ilegal y advirtiendo riesgos para la estabilidad del sistema pensional.
El gremio acudió además a la Corte Constitucional para solicitar medidas cautelares que permitan a las administradoras abstenerse de aplicar el decreto, argumentando que podría contradecir decisiones previas del alto tribunal.
Un escenario jurídico en disputa
El debate se desarrolla en medio de la suspensión parcial de la Ley 2381 de 2024, ordenada por la Corte Constitucional mediante el Auto 841 de 2025, que dejó vigentes solo algunos artículos, entre ellos el que permite el traslado de régimen.
Entidades como el Banco de la República y la Contraloría General ya habían advertido posibles vacíos jurídicos en la operación.
Mientras el Consejo de Estado evalúa si decreta medidas cautelares que frenen el decreto, el plazo para el traslado de los recursos continúa avanzando, en un contexto de alta tensión jurídica y política sobre el futuro del sistema pensional en Colombia.