Tras ser posesionado como el nuevo superintendente Nacional de Salud, Daniel Quintero denunció ante la Fiscalía General de la Nación que un ciudadano le envió mensajes por WhatsApp en el que le ofrecía una “contraprestación económica” a cambio de gestionar el pago de facturas de una IPS de su entorno familiar, ante las EPS del sistema.
Aunque no reveló la identidad del denunciado, el exalcalde de Medellín aseguró que los mensajes llegaron directamente a su celular con la propuesta de recibir dinero a cambio de usar su cargo para agilizar el cobro de las cuentas.
“El sistema de salud lleva años siendo saqueado por personajes que cobran por lo que es un derecho, que trafican con las deudas del sistema y que usan la enfermedad ajena como negocio propio. Esta Superintendencia no lo va a permitir”, afirmó Quintero.
Tras esto, el funcionario invitó a los ciudadanos que hayan sido víctimas de este tipo de conductas a comunicarse con la Superintendencia, a través de sus canales oficiales para recibir acompañamiento en la presentación de denuncias penales.
“Quienes han actuado de esta manera no deben sentirse seguros. La Superintendencia Nacional de Salud será implacable en garantizar el derecho a la salud y en denunciar la corrupción”, advirtió.
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— Daniel Quintero 🇨🇴 (@QuinteroCalle) April 28, 2026
Daniel Quintero denuncia cobros ilegales en clínicas y hospitales
En su primer encuentro como líder de la Superintendencia Nacional de Salud, Daniel Quintero advirtió sobre presuntas prácticas de corrupción en el sistema, señalando que clínicas y hospitales estarían siendo presionados para pagar comisiones ilegales de entre el 7% y el 20% para agilizar el pago de deudas. Lea: Superintendente de Salud denuncia cobros ilegales en clínicas y hospitales
Durante la reunión con interventores de las EPS, el funcionario fue enfático en que cualquier persona que conozca estos hechos y no los denuncie podría enfrentar consecuencias legales, asegurando que los responsables serán puestos en conocimiento de las autoridades.
Además, anunció medidas estrictas frente a fallas en la atención de menores de edad, indicando que cualquier irregularidad será reportada de inmediato. “La vida y la salud de los niños están por encima de cualquier trámite administrativo”, puntualizó.