El Consejo de Estado dejó en firme varios apartados del reglamento de teletrabajo expedido por el Gobierno en 2022 y rechazó una demanda que pretendía anular las disposiciones relacionadas con los pagos mensuales para cubrir gastos de internet, energía y el uso de equipos personales por parte de los trabajadores.
La demanda había sido presentada por Roger Adrián Villalba Ortega, quien argumentó que las nuevas condiciones modificaban lo establecido en la ley de teletrabajo de 2008. Según el ciudadano, la norma original obligaba a los empleadores a suministrar computadores y asumir directamente algunos costos derivados del trabajo remoto.
El demandante sostuvo además que el esquema actual podría afectar a los empleados, debido a que permite pactar compensaciones económicas que “puede ser inferior al valor real” de los recibos de los servicios públicos. También cuestionó la posibilidad de que las empresas soliciten a los trabajadores utilizar sus propios dispositivos para cumplir las funciones laborales.
Durante el proceso, el Ministerio del Trabajo, el Ministerio de Tecnologías de la Información y la Presidencia de la República defendieron la legalidad del decreto. Las entidades señalaron que las medidas no eliminan derechos laborales y que buscan adaptar las reglas del teletrabajo a las nuevas dinámicas tecnológicas y empresariales. Desde la Presidencia indicaron que estas alternativas “constituyen precisiones necesarias” para la aplicación práctica de esta modalidad.
Consejo de Estado avala acuerdos en teletrabajo
La decisión fue adoptada por el magistrado Juan Camilo Morales Trujillo, quien explicó que las disposiciones demandadas surgieron en medio de las transformaciones laborales provocadas por la pandemia de coronavirus.
El alto tribunal consideró que permitir acuerdos entre empleadores y trabajadores sobre compensaciones económicas o el uso de equipos personales facilita la continuidad del teletrabajo, especialmente en compañías que no cuentan con capacidad inmediata para adquirir nuevos computadores.
En el fallo, el Consejo de Estado concluyó que eliminar estas posibilidades podría generar dificultades para miles de personas que actualmente desarrollan sus labores bajo este tipo de acuerdos con sus empresas.