La tensión entre el Gobierno nacional y la Rama Judicial volvió a escalar este lunes luego de que la Comisión Interinstitucional de la Rama Judicial respondiera a las críticas del presidente Gustavo Petro contra el Consejo de Estado por la suspensión del traslado de recursos pensionales desde las AFP hacia Colpensiones.
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El UniversalEl pronunciamiento se produjo horas después de que el alto tribunal frenara los efectos restantes del Decreto 415 de 2026, expedido por el Ejecutivo, que ordenaba el traslado de cerca de $5 billones correspondientes a unos 20.000 afiliados que ya consolidaron su derecho a la pensión. Lea: Suspenden decreto pensional y Gobierno lanza fuerte advertencia
La Comisión Interinstitucional, integrada por los presidentes de las altas cortes, la Fiscalía y representantes de los empleados judiciales, advirtió que en “un Estado democrático, el respeto por la separación de poderes constituye un deber ineludible de todas las autoridades públicas, especialmente de quienes ejercen las más altas dignidades del Estado”.
La decisión judicial fue adoptada por la Sección Segunda del Consejo de Estado y amplió una suspensión parcial emitida el pasado 28 de abril. En esa ocasión, la corporación había detenido provisionalmente el traslado de aproximadamente $20 billones relacionados con unos 97.000 afiliados que habían cambiado de régimen pensional, pero que aún no consolidaban su derecho a pensionarse.
Con esta nueva medida cautelar, quedaron suspendidos en total cerca de $25 billones que el Gobierno pretendía mover desde el Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad (RAIS) hacia el Régimen de Prima Media administrado por Colpensiones.
Consejo de Estado y Petro chocan por reforma pensional
Tras conocerse la decisión del Consejo de Estado, el mandatario cuestionó duramente a la corporación judicial y aseguró que la medida afectaba a los trabajadores. Desde su cuenta en X, Petro afirmó que el tribunal busca acabar “con el derecho a la pensión”, al actuar en “favor del interés de los banqueros y en contra del interés general de los trabajadores”.
El jefe de Estado también pidió acciones penales contra el magistrado ponente de la decisión. “Un poder constituido como el Consejo de Estado no tiene ninguna legitimidad en anular los derechos de la gente que trabaja. Esa es una decisión inconstitucional y es un golpe de estado contra el pueblo constituyente y soberano. El pueblo trabajador debe decidir sobre el poder, no solo sobre el gobierno. La corte constitucional tiene la oportunidad histórica de dignificar la justicia colombiana. Ojalá lo haga”, expresó.
Frente a esas declaraciones, la Comisión Interinstitucional señaló que las afirmaciones del presidente “resultan incompatibles con la necesaria relación armónica que debe existir entre las ramas del poder público”.
El organismo recordó además que la Constitución Política otorga al Consejo de Estado la competencia para suspender provisionalmente actos administrativos expedidos por el Ejecutivo cuando considere que existen fundamentos jurídicos para ello.