La suspensión provisional del decreto que reglamentaba parte de la reforma pensional encendió las alertas del Gobierno nacional. Los ministerios de Hacienda y Trabajo aseguraron este lunes que la decisión del Consejo de Estado podría generar un impacto financiero para el sistema, al frenar el traslado de recursos desde los fondos privados hacia Colpensiones.
La medida judicial dejó sin efectos, de manera temporal, el Decreto 415 del 20 de abril de 2026, norma que establecía las reglas para el traslado de afiliados al régimen de prima media administrado por Colpensiones. Según el Ejecutivo, esto impediría que lleguen cerca de $5 billones correspondientes a personas que ya habían solicitado voluntariamente el cambio al sistema público. Lea: Consejo de Estado suspende traslado de $25 billones de AFP a Colpensiones
Las dos carteras señalaron que la suspensión crea un escenario complejo para Colpensiones, debido a que tendría que asumir obligaciones pensionales sin contar con los recursos destinados a respaldarlas. En un pronunciamiento conjunto, los ministerios afirmaron que la decisión “bloquea al sistema” porque los fondos de quienes hicieron el traslado quedarían retenidos en las administradoras privadas.
“No resulta financieramente sostenible ni jurídicamente exigible a Colpensiones el pago de las obligaciones pensionales de una persona que se traslade a esa administradora, pero que los recursos destinados a financiar su prestación permanezcan atrapados en una administradora privada”, indicaron los ministerios.
Consejo de Estado frenó decreto de reforma pensional
El Consejo de Estado sustentó la suspensión en que el Decreto 415 desarrollaba aspectos de la Ley 2381 de 2024, correspondiente a la reforma pensional impulsada por el Gobierno y que actualmente permanece suspendida por decisión de la Corte Constitucional.
Ante ese panorama, los ministerios reconocieron que sigue vigente el marco establecido en la Ley 100 de 1993, normativa que no permite que un afiliado permanezca de manera simultánea en dos regímenes pensionales.
Pese a la controversia jurídica, las carteras insistieron en que los recursos involucrados mantienen su destinación exclusiva para el pago de pensiones y la seguridad social. Además, advirtieron que dejar sin aplicación el decreto podría generar mayores riesgos para los afiliados.
Las entidades recalcaron que la decisión judicial abre un nuevo capítulo en la discusión sobre el futuro de la reforma pensional y sobre la viabilidad financiera de los cambios propuestos para el sistema colombiano.