El Consejo de Estado dejó sin efectos las actuaciones judiciales que buscaban frenar la entrada en funcionamiento del nuevo modelo de expedición de pasaportes en Colombia. La decisión fue adoptada mediante una sentencia del 22 de abril, conocida oficialmente este martes.
La alta corte concluyó que el Tribunal Administrativo de Cundinamarca incurrió en un “defecto procedimental absoluto” al admitir una acción popular sin verificar previamente el cumplimiento de los requisitos legales exigidos.
Con esta determinación, el Consejo de Estado amparó los derechos fundamentales del Fondo Rotatorio del Ministerio de Relaciones Exteriores y anuló los autos emitidos el 9 y 24 de febrero de 2026, así como todas las actuaciones posteriores relacionadas con ese proceso. Lea: Habrá 2 sedes: oficina de pasaportes de Turbaco reabrirá tras remodelación de la Gobernación
En la sentencia, la corporación señaló que el tribunal aceptó los argumentos presentados por el demandante “sin realizar un examen mínimo de verificación”. Además, indicó que no se advirtió que la solicitud previa había sido presentada por un tercero y que tampoco se justificó la existencia de un perjuicio irremediable que permitiera omitir ese requisito.
El fallo también cuestionó la actuación del magistrado encargado del caso y aseguró que su proceder “llamaba poderosamente la atención de la Sala”.
Consejo de Estado revisa proceso por pasaportes
Pese a dejar sin efectos las actuaciones, el Consejo de Estado aclaró que será el mismo Tribunal Administrativo de Cundinamarca el que deberá revisar nuevamente el caso y corregir las irregularidades detectadas durante el trámite judicial.
La corporación agregó que el recurso presentado por el Fondo Rotatorio había sido rechazado de manera ilegal, situación que terminó siendo clave dentro del análisis realizado por la alta corte.
En medio de la controversia, el Fondo Rotatorio también respondió a la demanda interpuesta por la Procuraduría General de la Nación y reiteró que el convenio firmado con la Imprensa Nacional-Casa da Moeda establece que cualquier controversia deberá resolverse mediante un tribunal de arbitramento internacional, “conforme a lo pactado entre las partes”.