Entre el 23 y el 25 de enero de 2026, la Fundación Acordemos y el diario El Espectador realizaron un foro en el marco del Encuentro de Honda 2026.
Durante el espacio, líderes, expertos y representantes de distintos sectores analizaron el impacto de los grupos armados ilegales en la política y la contratación pública en Colombia, dejando una serie de conclusiones que hasta ahora salen a la luz.
Según el informe, en 168 municipios del país los grupos armados ilegales estarían influyendo en la elección de quienes llegan al Congreso de la República. Además, el foro concluyó que entre el 7% y el 10% del valor de los contratos de obras públicas en zonas con presencia de actores armados termina siendo entregado a organizaciones criminales como requisito para poder ejecutar los proyectos.
El documento de conclusiones, divulgado por las entidades convocantes, sostuvo que “la verdadera guerra política […] es la guerra por el poder territorial que cada cuatro años se libra por tener el poder político” y planteó que “hoy es más rentable tener participación en las elecciones locales y legislativas que traficar droga”. En relación con la captura del sistema electoral, los participantes advirtieron que “en 168 municipios los grupos armados están poniendo estas personas […] no es elección de alcaldes, es elección de congresistas”.
Alertan por presiones de grupos ilegales en elecciones y contratos de obras en Colombia
Una de las constataciones más documentadas del encuentro fue la transferencia de recursos públicos a estructuras criminales por la vía de la contratación. Las conclusiones señalaron que en municipios con presencia de grupos armados, entre el 7% y el 10% del valor del contrato va a las organizaciones criminales como “contribución” obligatoria para poder operar.
“No hay mecanismos de control que lo detecte sistemáticamente, significa que el Estado está financiando con su propio presupuesto a los actores que luego le impiden gobernar”, expuso el documento.
A esa situación se sumó el diagnóstico sobre el sistema judicial: “El crimen está organizado y el Estado está desorganizado […] Tenemos normas completamente desactualizadas para enfrentar a la criminalidad de hoy […] Sigue siendo imposible que muchas pruebas lleguen a los procesos judiciales”.
Los participantes registraron que el país tiene “cerca de 300.000 hectáreas de coca, que además son el doble de productivas de lo que eran hace 15 años”, y atribuyeron la expansión al “incumplimiento estatal, el deterioro de la seguridad, la falta de estrategias integrales y el ‘cheque en blanco’ que han dado las negociaciones recientes a los grupos armados en los territorios para ejercer control”.
Sobre la profundidad de la penetración de las economías ilegales en la vida cotidiana, el documento expuso: “La gente en los territorios no habla de política ni de democracia, estamos perdiendo varias regiones del país […] Los secuestros ya no son secuestros, son simplemente citaciones para rendir cuentas […] Otra vez se normalizaron las famosas reglas de convivencia impuestas por los grupos ilegales”.
Las conclusiones también indicaron que las capacidades de la Fuerza Pública, “en especial de inteligencia, se han desmontado, lo que ha disminuido la capacidad de contención de estos grupos, que se han adaptado fácilmente a la acción estatal”.
Abandono del Acuerdo de Paz de 2016
Los asistentes coincidieron en que el componente territorial del Acuerdo Final de 2016 está “prácticamente abandonado”. El documento recordó que ese acuerdo contiene el compromiso de reducir la pobreza rural en 50% en 15 años mediante la Reforma Rural Integral, sustentada en 16 Planes Nacionales para la ruralidad en materia de conectividad, educación, salud y comercialización, entre otros.
“Es increíble, el país lleva años enfrascado en una discusión sobre la salud, pero el Plan Nacional de Salud Rural, que ataca el verdadero déficit del modelo colombiano, la provisión de salud en zonas rurales con población dispersa, hasta ahora fue aprobado, a casi diez años.
Además, El foro presentó datos concretos sobre la relación entre asistencialismo e inversión productiva en una zona específica. En un municipio del Catatumbo, el Estado invierte 15.000 millones de pesos al año en inversión directa, pero distribuye 60.000 millones de pesos en programas asistenciales, una proporción de 1 a 4 en favor del subsidio pasivo.
“El Catatumbo produce 280.000 toneladas de alimentos y abastece las plazas de mercado de toda la costa atlántica. Eso no se reconoce, no se potencia y no aparece en ningún plan de desarrollo subregional”, expuso el documento.