Colombia

Tribunal ratifica extinción de dominio al museo de Pablo Escobar en Medellín

La decisión judicial, emitida este martes 19 de mayo, declaró la extinción de dominio sobre el predio.

Tribunal ratifica extinción de dominio al museo de Pablo Escobar en Medellín

Imagen para ilustrar museo de Pablo Escobar. (COLPRENSA / FOTO ANDRES TORRES).

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El Tribunal Administrativo de Antioquia ratificó la extinción de dominio del inmueble que funcionaba como museo en homenaje a Pablo Escobar en el sector de La Asomadera, en Medellín, en una decisión considerada por las autoridades como un golpe contra la apología del narcotráfico en la ciudad.

La decisión judicial, emitida este martes 19 de mayo, declaró la extinción de dominio sobre el predio identificado con matrícula inmobiliaria 001-512095, registrado a nombre de Gilma Aidée Urdinola Ospina.

El inmueble, administrado durante años por Roberto Escobar, alias ‘Osito’ y hermano del exjefe del Cartel de Medellín, está ubicado en la carrera 38 #18-70, en la comuna 14 de Medellín. El lugar se convirtió en uno de los puntos más visitados dentro de los llamados ‘narcotours’ realizados en la capital antioqueña.

Inmueble usado para ‘narcotours’ pasará a manos de la SAE

De acuerdo con el fallo, las autoridades establecieron que la propiedad fue adquirida por Pablo Escobar con recursos provenientes del narcotráfico.

Tras la muerte del capo, el inmueble pasó inicialmente a manos de su esposa y posteriormente fue transferido a las hermanas de Escobar en 1996. Sin embargo, la investigación determinó que quienes figuraban como propietarias no hicieron uso del predio, el cual continuó siendo administrado por Roberto Escobar.

La decisión implica que el bien quedará bajo administración de la Sociedad de Activos Especiales (SAE).

El inmueble ya había sido parcialmente demolido en 2023

El predio ya había sido intervenido anteriormente por las autoridades distritales. El 10 de julio de 2023, funcionarios de la Alcaldía de Medellín y de la Policía Metropolitana adelantaron una demolición parcial del lugar.

En ese operativo participaron más de 50 funcionarios de las secretarías de Seguridad y Convivencia, Gestión y Control Territorial, junto con unidades policiales.

Según explicó en ese momento el entonces subsecretario operativo de Seguridad, coronel Omar Rodríguez, la demolición obedeció a múltiples sanciones urbanísticas y a la existencia de construcciones irregulares.

“Después de años de litigios y varias sanciones urbanísticas, se verificó la demolición de la construcción irregular que se encontraba en el predio, reconocido como sitio de afluencia turística de los mal llamados ‘narcotours’”, indicó el funcionario.

Las autoridades señalaron además que la edificación de dos plantas no contaba con permisos para su funcionamiento ni apertura al público.

Roberto Escobar y la propietaria intentaron frenar el proceso

El proceso judicial y administrativo estuvo marcado por varios recursos legales interpuestos tanto por Roberto Escobar como por Gilma Urdinola, quienes buscaban evitar la demolición y posterior pérdida del inmueble, avaluado en más de 12.000 millones de pesos.

Pese a estas acciones, el Tribunal Administrativo de Antioquia ratificó la extinción de dominio y confirmó el traspaso del predio al Estado.

Cabe recordar que el establecimiento ya había sido clausurado desde 2018 durante un operativo liderado por la Secretaría de Seguridad de Medellín y el Viceministerio de Turismo, debido a que no cumplía con la documentación requerida por el Régimen Nacional de Turismo.

Federico Gutiérrez celebró la decisión judicial

El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, reaccionó a la decisión y aseguró que representa un mensaje contundente contra la criminalidad y la exaltación del narcotráfico.

“Como ciudadano y alcalde de Medellín, todo mi reconocimiento a la Justicia por esta decisión. No podemos permitir la apología del narcotráfico”, expresó el mandatario.

Gutiérrez recordó además el impacto violento que dejó el narcotráfico en Medellín durante las décadas de los años 80 y 90, al señalar que entre 1983 y 1994 murieron de forma violenta más de 46.000 personas en la ciudad.

El alcalde también afirmó que la decisión envía un mensaje a las estructuras criminales actuales sobre la imposibilidad de legalizar recursos ilícitos y aprovechó para cuestionar al Gobierno nacional y al presidente Gustavo Petro por la política frente a grupos criminales.

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