La crisis alrededor de las tiendas Lili Pink y Yoi sigue escalando luego de que la operación de Fast Moda S.A.S. quedara bajo control estatal tras un proceso de extinción de dominio. La situación ya comenzó a generar tensiones con administradores de centros comerciales y proveedores, quienes buscan terminar sus relaciones contractuales con la compañía mientras el Gobierno intenta evitar un cierre masivo de establecimientos.
De acuerdo con el balance entregado por el administrador designado por el Estado, hasta el momento se han radicado 87 solicitudes para cancelar de manera unilateral contratos de arrendamiento correspondientes a locales donde funcionan las tiendas de ambas marcas. La medida amenaza directamente la continuidad de varios puntos comerciales en el país. Lea: La millonaria fortuna de Lili Pink que quedó en manos del Estado
A este panorama se suma la suspensión de servicios por parte de algunos contratistas que participaban en la operación financiera, jurídica y logística de la empresa. Además, las autoridades han recibido 23 solicitudes de aliados comerciales que piden claridad sobre los efectos del proceso judicial que afecta a la sociedad.
La Sociedad de Activos Especiales (SAE) manifestó preocupación por el impacto que tendría el cierre de las tiendas sobre el empleo. Según la entidad, cerca de 260 trabajadores dependen actualmente de la operación de Fast Moda, una planta laboral integrada en gran parte por mujeres cabeza de hogar y madres de familia.
Centros comerciales presionan salida de Lili Pink
Frente a este escenario, el Gobierno instaló mesas de trabajo junto al Ministerio del Trabajo para revisar mecanismos que permitan mantener activa la compañía mientras avanza la administración estatal. La SAE también ha enviado mensajes a arrendadores y operadores comerciales insistiendo en que los establecimientos continúan funcionando bajo condiciones legales y con cumplimiento normativo.
Actualmente, Fast Moda permanece bajo la administración del Fondo para la Rehabilitación, Inversión Social y Lucha contra el Crimen Organizado (Frisco). El administrador nombrado por el Ejecutivo adelanta una revisión financiera, contable y operativa para determinar la capacidad real de sostenimiento de la empresa.