La Fiscalía General de la Nación imputará cargos el próximo 10 de junio contra José Antonio Salazar Ramírez, quien se desempeñó como secretario general de la Cancillería, dentro de la investigación relacionada con el proceso de contratación para la elaboración de pasaportes en Colombia.
De acuerdo con el ente acusador, Salazar Ramírez deberá responder como presunto responsable de los delitos de prevaricato por acción y enriquecimiento ilícito de servidor público, por actuaciones que habrían ocurrido durante 2024 en medio de la controversia por la adjudicación del contrato de pasaportes. Lea: Alerta máxima sobre la modalidad de fraude en el trámite del pasaporte
La investigación señala que el entonces funcionario habría intervenido en la expedición de tres resoluciones emitidas en febrero de ese año. Esos actos administrativos dejaron sin efecto las decisiones mediante las cuales el entonces canciller Álvaro Leyva Durán había declarado desierta la licitación 01 de 2023, proceso que buscaba adjudicar un contrato cercano al medio billón de pesos para la producción de pasaportes.
Tras la revocatoria de esas determinaciones, el proceso contractual fue restablecido y posteriormente el contrato quedó en manos de Thomas Greg.
Fiscalía avanza en caso por contrato de pasaportes
Los hechos también están relacionados con una denuncia presentada en 2024 por la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado. En ese momento, la entidad señaló posibles irregularidades que podrían configurar delitos como falsedad en documento público, interés indebido en la celebración de contratos, prevaricato por acción y abuso de función pública.
Según la denuncia, Salazar Ramírez habría favorecido presuntamente a la empresa encargada actualmente de la elaboración de pasaportes en el país, al adjudicar el contrato sin contar con las facultades necesarias para hacerlo y sin la autorización del entonces canciller encargado, Luis Gilberto Murillo.
La Agencia sostuvo además que el exfuncionario habría consignado en varias resoluciones que tenía competencia para adjudicar el contrato. Para la entidad, esa actuación podría constituir falsedad ideológica y prevaricato por acción, debido a que los actos administrativos habrían incluido “varias manifestaciones contrarias a la verdad”.