A menos de tres semanas de la segunda vuelta presidencial en Colombia, la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (ANDI) y la Fundación para el Estado de Derecho presentaron una denuncia ante la Misión de Observación Electoral de la Organización de Estados Americanos (OEA), en la que expresan su preocupación por las recientes declaraciones y actuaciones del presidente Gustavo Petro en medio de la contienda electoral.
Las organizaciones consideran que los pronunciamientos del mandatario podrían representar un riesgo para la neutralidad institucional y afectar la confianza de los ciudadanos en el proceso democrático. Lea: “Ni con el uno ni con el otro”: Lizcano se declara neutral para la segunda vuelta
Denuncian presunta intervención del presidente en asuntos electorales
A través de una carta dirigida al Departamento para la Cooperación y Observación Electoral de la OEA, las entidades señalaron que existe una conducta reiterada por parte del jefe de Estado consistente en emitir declaraciones de contenido electoral e intervenir en controversias que corresponden a las autoridades encargadas del proceso.
Según el documento, también preocupa el uso de plataformas y canales institucionales en un contexto de campaña presidencial.
“Los hechos descritos evidencian una conducta reiterada del Presidente de la República consistente en realizar pronunciamientos de contenido electoral, intervenir en controversias propias de la competencia de las autoridades electorales y utilizar plataformas institucionales del Estado en un contexto de campaña presidencial, pese a la existencia de advertencias, decisiones judiciales y llamados de organismos nacionales e internacionales orientados a preservar la neutralidad institucional”, señala la comunicación.
Cuestionan el uso de recursos estatales para mensajes políticos
La ANDI y la Fundación para el Estado de Derecho alertaron que el presidente Petro habría utilizado recursos, canales y plataformas oficiales del Estado para difundir mensajes con contenido político-electoral durante el desarrollo de la campaña presidencial.
Las organizaciones sostienen que este tipo de actuaciones podrían afectar el principio de igualdad entre los candidatos y generar dudas sobre la imparcialidad de las instituciones públicas durante el proceso electoral.
Mencionan observaciones de la Unión Europea sobre la campaña
En la denuncia también se hace referencia a observaciones realizadas previamente por la Misión de Observación Electoral de la Unión Europea, que documentó situaciones relacionadas con la promoción de logros gubernamentales por parte de entidades estatales durante el periodo electoral.
De acuerdo con las organizaciones, el informe europeo también registró el uso de plataformas oficiales por parte de algunos ministerios y la difusión de narrativas que podrían afectar la confianza pública en las elecciones.
No obstante, destacaron que esos mismos organismos internacionales han respaldado la transparencia del sistema electoral colombiano.
“Resulta especialmente relevante señalar que los mismos organismos internacionales que formularon observaciones respecto del comportamiento de autoridades públicas también destacaron la transparencia, trazabilidad y confiabilidad del proceso electoral, descartando la existencia de elementos que permitieran cuestionar la integridad general del sistema electoral colombiano”, indicaron.
Solicitan pronunciamiento de la OEA antes de la segunda vuelta
Entre las solicitudes elevadas a la Misión de Observación Electoral de la OEA, las entidades pidieron emitir un pronunciamiento sobre la conducta del presidente Gustavo Petro antes de la segunda vuelta presidencial prevista para el próximo 21 de junio.
Asimismo, solicitaron reforzar la presencia de observadores internacionales durante la recta final de la campaña y documentar cualquier uso de canales institucionales para la difusión de contenidos electorales.
También pidieron que se soliciten garantías al Estado colombiano para que la misión pueda acceder de manera oportuna a autoridades electorales, campañas políticas, medios de comunicación, organizaciones de la sociedad civil, auditores tecnológicos y observadores nacionales.
“La voluntad de los ciudadanos debe prevalecer”
En la parte final de la comunicación, la ANDI y la Fundación para el Estado de Derecho señalaron que el objetivo de la denuncia es proteger los principios democráticos y garantizar condiciones de equidad durante la elección presidencial.
“La presente denuncia busca preservar el principio básico de toda democracia constitucional: el poder público no puede utilizar su investidura para alterar la igualdad de la competencia electoral ni para sustituir la voluntad libre de los ciudadanos”, concluyeron las organizaciones.