La Fiscalía General de la Nación solicitó este miércoles a un magistrado del Tribunal Superior de Bogotá prorrogar por un año la medida de aseguramiento vigente contra Carlos Ramón González, exdirector del Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre), investigado por el escándalo de corrupción en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD).
La petición fue presentada por la fiscal delegada ante la Corte Suprema de Justicia, María Cristina Patiño, quien argumentó que González no ha podido ser capturado pese a que existe una orden de detención en su contra desde el 3 de julio de 2025.
Fiscalía asegura que Carlos Ramón González permanece asilado en Nicaragua
Durante la diligencia judicial, la fiscal Patiño señaló que el exfuncionario se encuentra asilado políticamente en Nicaragua, situación que ha impedido la ejecución de la orden de captura emitida por las autoridades colombianas.
Por esta razón, la representante del ente acusador calificó a González como un “prófugo de la justicia” y pidió mantener vigente la medida restrictiva mientras avanzan las actuaciones judiciales en su contra.
¿De qué acusan a Carlos Ramón González en el caso UNGRD?
La Fiscalía sostiene que Carlos Ramón González habría participado en una estrategia para direccionar recursos públicos obtenidos de manera irregular a favor de altos dirigentes del Congreso, con el propósito de obtener respaldo político para iniciativas del Gobierno Nacional.
Según la investigación, los hechos estarían relacionados con el contrato para la adquisición de 40 carrotanques destinados al suministro de agua potable en La Guajira, uno de los convenios más cuestionados dentro del escándalo de la UNGRD.
De acuerdo con el expediente, González habría solicitado al entonces director de la entidad, Olmedo López, gestionar la entrega de recursos ilícitos a los entonces presidentes del Senado y la Cámara de Representantes, Iván Name y Andrés Calle.
Las presuntas coimas a Iván Name y Andrés Calle
La Fiscalía asegura que se habrían destinado $3.000 millones para Iván Name, a través de Sandra Ortiz, exconsejera para las Regiones, y otros $1.000 millones para Andrés Calle, presuntamente por instrucción directa del exdirector del Dapre.
Como parte de las evidencias, el ente acusador afirma contar con pruebas sobre dos reuniones realizadas en la oficina de González, ubicada en el tercer piso de la Casa de Nariño.
En la primera, celebrada en septiembre de 2023, el exfuncionario habría planteado la necesidad de conseguir contratos para beneficiar a los presidentes del Congreso y de la Cámara. Ante la dificultad de concretarlos rápidamente, habría ordenado la entrega de $4.000 millones.
La segunda reunión, según la Fiscalía, habría servido para consolidar la estrategia, impartiendo instrucciones específicas sobre la entrega de contratos y recursos a cambio de apoyo político a proyectos del Gobierno.
Sandra Ortiz ya fue acusada formalmente
La solicitud de la Fiscalía se conoce pocos días después de que fuera acusada formalmente Sandra Ortiz, exconsejera para las Regiones, quien también es investigada por su presunta participación en el entramado de corrupción de la UNGRD.
El caso continúa avanzando en los estrados judiciales mientras las autoridades buscan hacer efectiva la captura de Carlos Ramón González y esclarecer la presunta red de sobornos que habría operado desde altas esferas del Gobierno y el Congreso.