La Procuraduría General de la Nación anunció la designación de una agencia especial para hacer seguimiento al caso del ciudadano estadounidense capturado en Bogotá y establecer cómo tres menores de edad que se encontraban bajo medidas de protección terminaron bajo su cuidado.
La decisión contempla dos líneas de acción. La primera corresponde a la vigilancia del proceso de adopción de los tres niños, de 4, 7 y 15 años, a través de la Delegada para la Defensa de los Derechos de la Infancia, la Adolescencia, la Familia y la Mujer. La segunda consiste en el acompañamiento al proceso penal que enfrenta el extranjero detenido, labor que estará a cargo de un procurador delegado. Lea: Extranjero fue captado presuntamente abusando a menor en un balcón: lo capturaron
La entidad busca determinar si las instituciones involucradas en la protección de los menores actuaron conforme a los procedimientos establecidos por la ley. En ese sentido, revisará la actuación de las Instituciones Autorizadas para la Atención y Protección (IAPAS), responsables de adelantar adopciones internacionales, así como el papel desempeñado por defensores de familia y otros funcionarios encargados de garantizar los derechos de los niños.
Procuraduría revisará proceso de adopción de los menores
Las primeras versiones sobre el caso generaron dudas respecto a las entidades responsables del proceso. Ante ello, la directora del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), Astrid Cáceres, explicó que la adopción era tramitada por una IAPAS autorizada para gestionar adopciones internacionales y no directamente por el instituto.
La funcionaria también indicó que el proceso de restablecimiento de derechos de los menores estaba bajo la competencia de una comisaría de familia y no de una Defensoría de Familia del ICBF.
Sin embargo, la Procuraduría recordó que el ICBF mantiene funciones de supervisión sobre estas instituciones privadas, debido a que es la autoridad rectora del sistema de adopciones en Colombia. Por esa razón, la entidad también analizará si los mecanismos de vigilancia funcionaron adecuadamente en este caso.
Captura de ciudadano estadounidense en Bogotá
Los hechos que dieron origen a la investigación ocurrieron el pasado 14 de junio en el sector de Navarra, en la localidad de Usaquén. La intervención de las autoridades se produjo después de que residentes de la zona alertaran sobre una situación observada en un apartamento del edificio Niido.
Tras la llegada de uniformados de la Policía y de integrantes de la Policía de Infancia y Adolescencia, fueron encontrados en el lugar los tres menores de edad. El hombre capturado fue identificado como Grant Gail, ciudadano estadounidense de 36 años oriundo de Texas.
De acuerdo con información de Migración Colombia, el extranjero había ingresado al país el 6 de junio a través del Aeropuerto Internacional El Dorado en calidad de turista. Las autoridades lo investigan por el presunto delito de acto sexual abusivo con menor de 14 años, relacionado con uno de los niños hallados en el apartamento.
La investigación también busca esclarecer si hubo otras personas involucradas. Según información publicada por Semana, en el inmueble se encontraba además la pareja sentimental del ciudadano estadounidense, cuya posible participación continúa siendo objeto de verificación por parte de la Fiscalía.
Investigación sigue abierta y esperan nuevos informes
El caso llegó incluso al Gobierno nacional. A través de su cuenta de X, el presidente Gustavo Petro solicitó a la Cancillería revisar los procedimientos de visado aplicados a ciudadanos estadounidenses que ingresan al país. “Ni EE. UU. es Colombia, ni Colombia es EE. UU. Aquí somos soberanos”, escribió el mandatario.
Mientras avanzan las diligencias judiciales, Grant Gail permanece bajo custodia de las autoridades. El proceso incluye la legalización de captura y las actuaciones correspondientes dentro de la investigación penal.
La Procuraduría informó que aguardará los reportes de la Fiscalía General de la Nación, Medicina Legal y demás entidades involucradas para determinar si existieron irregularidades en los procedimientos de protección y adopción de los menores. Los resultados de esas verificaciones permitirán establecer si hubo fallas institucionales y qué responsabilidades podrían derivarse de ellas.