A pocos días de finalizar el actual periodo legislativo, el Gobierno del presidente Gustavo Petro enfrenta dos de los mayores reveses políticos de su mandato en el Congreso de la República.
Por un lado, se hundió el proyecto de ley que reglamentaba la jurisdicción agraria, considerada una pieza clave de la agenda rural del Ejecutivo. Por otro, el Ministerio de la Igualdad se acerca a su desaparición definitiva ante la falta de avances para garantizar su continuidad. Lea:Petro anuncia denuncia contra Abelardo de la Espriella ante la justicia y CPI
Se hundió la ley de jurisdicción agraria impulsada por el Gobierno Petro
La reglamentación de la jurisdicción agraria, una iniciativa que el Gobierno defendía como una herramienta para facilitar la resolución de conflictos relacionados con la tierra y fortalecer los derechos de los campesinos, no logró completar su trámite legislativo antes del cierre de las sesiones ordinarias.
La decisión se concretó luego de que el presidente del Senado, Lidio García, anunciara la conformación de una subcomisión para estudiar modificaciones al proyecto. Sin embargo, la medida dejó sin margen de tiempo a la iniciativa, ya que las sesiones ordinarias concluyen este sábado, impidiendo que continúe su trámite durante la actual legislatura.
Como consecuencia, el proyecto deberá ser presentado nuevamente a partir del próximo periodo legislativo, que iniciará el 20 de julio con la posesión del nuevo Congreso. Su futuro dependerá, además, del respaldo político que tenga el próximo Gobierno nacional.
Ministra de Agricultura lamentó el fracaso de la iniciativa
Tras conocerse el hundimiento virtual del proyecto, la ministra saliente de Agricultura, Marta Carvajalino, expresó su preocupación por la falta de avances en una propuesta que calificó como histórica para el sector rural.
“Hoy se hundió virtualmente la jurisdicción agraria. Ya no nos queda más tiempo en esta legislatura. Esperemos que el siguiente Congreso, después del 20 de julio, pueda dar cuenta de esta solicitud histórica de los campesinos y campesinas de Colombia”, afirmó.
La funcionaria señaló que durante el trámite no se logró una discusión de fondo sobre la iniciativa y cuestionó la posición de la Sociedad de Agricultores de Colombia (SAC), a la que atribuyó una oposición que, según dijo, limitó los espacios de concertación.
Carvajalino insistió en que la principal afectación recae sobre los campesinos y sobre la capacidad del Estado para administrar adecuadamente los bienes públicos y los terrenos baldíos.
“Pierde quien está trabajando la tierra, quien no tiene acceso a un juez o un magistrado. Pierde la nación porque no tenemos cómo administrar adecuadamente los bienes públicos y los bienes baldíos, y pierde la posibilidad de construir la paz en Colombia”, agregó.
Ministerio de la Igualdad también se acerca a su fin
El hundimiento de la jurisdicción agraria se suma a otro golpe para el Gobierno nacional: la posible desaparición del Ministerio de la Igualdad.
La cartera, creada durante la administración Petro, enfrenta un panorama complejo debido a que el Congreso no ha avanzado en la aprobación del proyecto que busca darle continuidad. De no producirse una decisión favorable en los próximos días, la entidad deberá iniciar su proceso de cierre definitivo, en cumplimiento de lo ordenado por la Corte Constitucional.
La incertidumbre sobre el futuro del Ministerio de la Igualdad representa otro revés para una de las apuestas institucionales más importantes del actual Gobierno.
Congreso aprobó la Ley Jineth Bedoya
Pese a los tropiezos de algunas iniciativas gubernamentales, el Congreso sí logró aprobar varios proyectos antes del cierre de la legislatura.
Uno de ellos fue la denominada Ley Jineth Bedoya, que busca evitar la revictimización de mujeres víctimas de violencia sexual. La iniciativa ya superó sus cuatro debates y quedó lista para la sanción presidencial.
La norma contempla la creación de programas de capacitación para servidores públicos, con el objetivo de evitar que las víctimas tengan que repetir constantemente los hechos traumáticos que vivieron durante los procesos de atención y judicialización.
Nuevo sistema de licencias de conducción fue aprobado
Otra de las iniciativas que completó su trámite legislativo fue el proyecto que crea un nuevo modelo para la expedición y control de las licencias de conducción en Colombia.
La propuesta establece un sistema de puntos, mediante el cual los conductores acumularán o perderán puntaje según su comportamiento en las vías y la gravedad de las infracciones cometidas.
Según explicó el senador Julio Elías Vidal, del Partido de La U y ponente de la iniciativa, los nuevos conductores comenzarán con una licencia condicionada y solo obtendrán la totalidad de sus beneficios si mantienen un historial libre de infracciones durante un determinado periodo.
“Las personas adquieren la licencia y se asigna un puntaje. Si no cometen infracciones de tránsito durante un año se les asigna la totalidad de las funciones para conducir. Si cometen infracciones, la licencia plena se obtendrá después de dos años y mientras tanto tendrán limitaciones como restricciones de velocidad en vías nacionales, límites para transportar pasajeros y la obligación de portar un distintivo de conductor novato”, explicó el congresista.
Con el cierre de las sesiones ordinarias, el Gobierno Petro concluye una legislatura marcada por avances en algunas iniciativas, pero también por derrotas significativas en proyectos considerados estratégicos para su agenda de transformación social y rural.