Abelardo de la Espriella envió este jueves, 25 de junio, uno de los mensajes más contundentes de su futuro gobierno en materia de seguridad. Durante el acto de entrega de su credencial como presidente electo, el mandatario anunció un ultimátum de un mes para que los grupos armados ilegales se sometan a la justicia, dejando entrever que no continuará con los procesos de negociación impulsados por la administración de Gustavo Petro.
El pronunciamiento marca un giro frente a la política de diálogo con organizaciones armadas que caracterizó al gobierno saliente. De la Espriella aseguró que su administración no ofrecerá beneficios extraordinarios ni acuerdos similares a los promovidos durante los últimos años.
“A esas personas que están al margen de la ley, un mensaje categórico: disponen de un mes para entrar en razón (...) y organizar su sometimiento al Estado de Derecho. En mi Gobierno no habrá ofertas generosas ni concesiones inaceptables como las que recibieron del régimen que está llegando a su fin”, expresó el presidente electo.
El futuro mandatario también lanzó fuertes críticas contra la gestión de Petro en materia de seguridad y relaciones con estructuras criminales.
“En ese sentido, De la Espriella aseguró que “la connivencia del actual Gobierno con el crimen organizado es asqueante y vergonzosa”.
¿Qué pasará con la política de paz total durante el gobierno de Abelardo de la Espriella?
Las declaraciones del presidente electo sugieren que la estrategia de seguridad de su gobierno estará centrada en el sometimiento a la justicia y en el fortalecimiento de la acción de la fuerza pública, más que en la negociación política con grupos armados.
“En la era de El Tigre (como lo llaman sus seguidores) se acabó (...) Quienes persistan en la corrupción, el terrorismo y el narcotráfico, la extorsión y demás formas de violencia enfrentarán toda la capacidad del Estado y la determinación inquebrantable de nuestra gloriosa fuerza pública colombiana”, añadió.
El anuncio se produce en un contexto complejo para la política de ‘paz total’, considerada una de las principales apuestas del gobierno de Gustavo Petro. A pocas semanas del fin de su mandato, la iniciativa enfrenta cuestionamientos por los limitados avances alcanzados y por el deterioro de la seguridad en varias regiones del país.
Los diálogos con la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN) no lograron consolidar acuerdos definitivos, mientras que la presencia y expansión de grupos armados ilegales ha continuado generando preocupación entre las autoridades y la población.
La estrategia de paz total también contemplaba negociaciones con las disidencias de las FARC y el sometimiento a la justicia de organizaciones criminales como el Clan del Golfo, considerado el grupo narcotraficante más grande del país. Sin embargo, los resultados obtenidos hasta ahora han sido limitados, un escenario que el nuevo gobierno parece dispuesto a enfrentar con una política de seguridad más estricta.