Dos de los implicados en el asesinato del senador y precandidato presidencial Miguel Uribe aceptaron su responsabilidad en el atentado perpetrado el 7 de junio de 2025 en el occidente de Bogotá, luego de suscribir un preacuerdo con la Fiscalía que recibió el aval de una juez penal especializada.
Los procesados son Elder José Arteaga Hernández, conocido como alias “Chipi”, y William Fernando González Cruz, alias “El Hermano”. Como parte del acuerdo judicial, enfrentarían condenas de 26 años y 3 meses, y de 21 años y 9 meses de prisión, respectivamente.
La Fiscalía informó que ambos se declararon culpables de los delitos de homicidio agravado, concierto para delinquir agravado, utilización de menores para la comisión de delitos, fabricación y tráfico agravado de armas de fuego y ocultamiento de pruebas. Lea: Alias ‘Chipi’ negó conocer a responsables intelectuales del crimen de Miguel Uribe
De acuerdo con las investigaciones adelantadas por el Grupo de Tareas Especiales de la Unidad de Vida de la Seccional Bogotá, los ahora condenados participaron en reuniones realizadas en la localidad de Bosa y en otros sectores de la capital para planear el atentado.
¿Cómo se planeó el atentado contra Miguel Uribe en Bogotá?
Según el ente acusador, Arteaga Hernández fue quien diseñó el plan criminal y distribuyó las funciones entre los demás involucrados antes, durante y después del ataque contra el dirigente político.
La investigación también estableció que alias “Chipi” realizó seguimientos a la víctima, verificó el parque El Golfito como escenario del atentado, entregó el arma de fuego al menor de edad que disparó contra el senador y supervisó la ejecución del crimen.
Por su parte, González Cruz permaneció en un vehículo ubicado a pocas cuadras del lugar del ataque y facilitó la huida de otros participantes hasta un establecimiento comercial situado en el barrio Santa Fe. Lea también: Elder Arteaga, señalado en caso Miguel Uribe, acusado por otro homicidio
La Fiscalía señaló además que alias “El Hermano” vendió uno de los teléfonos celulares utilizados para coordinar el atentado, una acción que, según la investigación, buscaba entorpecer el avance de las autoridades en el esclarecimiento del caso.
El preacuerdo representa un nuevo avance en la investigación por el asesinato de Miguel Uribe, mientras la Fiscalía mantiene abiertas las indagaciones para establecer la cadena de mando y determinar la posible participación de autores intelectuales detrás del crimen.