A este ritmo, Colombia necesitaría al menos 62 años para indemnizar a todas las víctimas del conflicto armado. Esa es una de las principales conclusiones del sexto informe de seguimiento a las recomendaciones de la Comisión de la Verdad, presentado este 2 de julio, que advierte sobre los rezagos estructurales en la reparación integral, la restitución de tierras, la búsqueda de personas desaparecidas y el acceso a la justicia.
El documento señala que el sistema de reparación no tiene la capacidad de responder con la rapidez que exige el universo de víctimas y advierte que la proyección de 62 años podría ser incluso mayor, ya que no contempla a las personas que continúan siendo incorporadas al Registro Único de Víctimas (RUV) por nuevos hechos de violencia. Lea también:Gustavo Petro arremete contra Trump y lo compara con un rey colonial
Colombia tardaría 62 años en indemnizar a víctimas del conflicto, advierte informe
Según el informe, Colombia ya supera los 10 millones de víctimas registradas, una cifra que continúa creciendo debido a desplazamientos forzados, confinamientos, reclutamiento de menores, violencia sexual, asesinatos de líderes sociales y desapariciones forzadas.
El Comité de Seguimiento sostiene que las víctimas continúan siendo el eje del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición, por lo que garantizar plenamente sus derechos sigue siendo uno de los principales desafíos del Estado.
En ese contexto, el presidente de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), magistrado Alejandro Ramelli, afirmó que cumplir las recomendaciones de la Comisión de la Verdad representa un compromiso con las víctimas y con la memoria del país.
“Cumplir las recomendaciones de la Comisión de la Verdad es cumplirles a las víctimas, al país y a la memoria de Colombia. Por eso la JEP no se detiene; seguimos construyendo una justicia que no solo sanciona, sino que ayuda a restaurar y reconciliar el país”, señaló.
Informe evidencia fallas en el reconocimiento de víctimas
El reporte revela que de las 14.659 víctimas acreditadas ante la JEP, 6.347 no aparecen inscritas en el Registro Único de Víctimas, lo que representa cerca del 43 % del total.
De acuerdo con el documento, esta diferencia evidencia deficiencias en los mecanismos de reconocimiento y limita el acceso de miles de personas a las medidas de reparación contempladas por el Estado.
Vivienda sigue siendo una de las mayores deudas con las víctimas
El informe también analizó los avances en materia de restitución de tierras y acceso a vivienda.
Aunque reconoce el trabajo adelantado por la Unidad de Restitución de Tierras, advierte que el acceso a una vivienda digna continúa siendo una de las principales deudas con la población víctima del conflicto.
Según el balance, apenas el 10,7 % de los hogares víctimas habita actualmente en condiciones consideradas adecuadas.
Víctimas reclaman verdad completa y judicialización de responsables
En cuanto al reconocimiento de responsabilidades, el Comité valoró la realización de actos públicos relacionados con ejecuciones extrajudiciales. Sin embargo, el informe recoge que para muchas víctimas estos escenarios siguen siendo insuficientes.
“A este reconocimiento le hace falta una pieza: la verdad, los responsables, los nombres. Con las miles de víctimas decimos: ¿quién dio la orden?”, señala uno de los testimonios incluidos en el documento, correspondiente a víctimas de la Unión Patriótica.
En otros espacios de reconocimiento, las víctimas calificaron estos actos como “un pequeño triunfo”, aunque insistieron en la necesidad de que los verdaderos responsables sean llevados ante la justicia.
Persisten desafíos en la búsqueda de desaparecidos y el acceso a la justicia
Respecto a la búsqueda de personas desaparecidas, el informe reconoce avances en las técnicas de identificación genética, pero advierte que Colombia aún carece de una política pública integral que permita coordinar las acciones institucionales y prevenir nuevas desapariciones.
Asimismo, concluye que, aunque la JEP ha ampliado sus decisiones judiciales, persisten dificultades para garantizar la participación efectiva de las víctimas y existen diferencias en los criterios aplicados por los distintos despachos del tribunal, situación que afecta la uniformidad de sus decisiones.
JEP anuncia mecanismo internacional para vigilar las sanciones propias
Durante la presentación del informe, el magistrado Alejandro Ramelli reiteró la importancia de mantener el respaldo institucional al Sistema Integral y a las víctimas del conflicto.
“Estamos cada vez más cerca de un anhelo de millones de colombianas y colombianos: ver a quienes forzaron tanto daño trabajando en favor de las comunidades que más han sufrido. Y lo harán bajo una estricta vigilancia internacional”, afirmó.
Ramelli también informó que, durante la más reciente sesión de la Comisión de Seguimiento, Impulso y Verificación a la Implementación (CSIVI), la JEP puso en marcha, en coordinación con la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos y la Misión de Apoyo al Proceso de Paz de la OEA (MAPP/OEA), un mecanismo internacional de monitoreo y verificación para las sanciones propias contempladas en el Sistema Integral.