La suspensión del proceso de empalme entre el gobierno entrante de Abelardo de la Espriella y la administración saliente de Gustavo Petro abrió un escenario inédito en la política colombiana. La decisión del presidente electo, anunciada a un mes de asumir el poder, ha generado interrogantes sobre las implicaciones legales de frenar la transición entre gobiernos y si esta puede afectar el relevo institucional.
El anuncio fue realizado por De la Espriella a través de un mensaje en el que justificó la medida por las diferencias con el Ejecutivo saliente.
“Acabo de darle instrucciones al señor vicepresidente electo de la República para que suspenda de manera inmediata el proceso de empalme con el gobierno corrupto que termina su periodo, un gobierno que, con sus decisiones y su conducta, pretende destruir a Colombia. Mi deber es proteger los intereses de la Nación y garantizar una transición seria, transparente y al servicio de los colombianos, nunca legitimar el desastre ni el desconocimiento del orden constitucional”, aseguró el mandatario electo.
La decisión se produce en medio de las tensiones entre ambas administraciones. El presidente Gustavo Petro continúa cuestionando el resultado de las elecciones presidenciales y ha insistido, sin presentar pruebas, en la existencia de un supuesto fraude electoral.
¿Qué dice la Ley 951 de 2005 sobre el proceso de empalme?
El proceso de empalme entre gobiernos está regulado por la Ley 951 de 2005, que establece las obligaciones de los funcionarios salientes y entrantes para garantizar una transición ordenada. No obstante, la normativa no contempla expresamente el escenario en el que una de las partes decida suspender o negarse a participar en el proceso.
Aun así, la ley sí fija deberes jurídicos para ambos gobiernos. La administración saliente debe elaborar y entregar un informe detallado de su gestión, mientras que el equipo entrante tiene la obligación de recibirlo, revisarlo y verificar su contenido.
“Los servidores públicos del Estado y los particulares enunciados en el artículo 2 están obligados, en los términos de esta ley, a entregar al servidor público entrante un informe mediante acta de informe de gestión, los asuntos y recursos a su cargo, debiendo remitirse para hacerlo al reglamento y/o manual de normatividad y procedimiento que rija para la entidad, dependencia o departamento de que se trate. Asimismo, el servidor público entrante está obligado a recibir el informe y acta respectiva y a revisar su contenido. La verificación física o revisión que se haga de los diferentes aspectos señalados en el acta de entrega y recepción se realizará dentro de los treinta (30) días hábiles siguientes a la firma del documento, para efectos de determinar la existencia o no de irregularidades”, señala el artículo 5 de la norma.
Además, el artículo 11 establece que la entrega de la administración debe formalizarse mediante un acto oficial.
“Para llevar a cabo la entrega y recepción de los asuntos y recursos públicos estatales, los titulares salientes deberán llevar a cabo un acto formal, en el que se haga entrega del informe de la gestión realizada por los mismos y el acta administrativa, en la que en forma global conste el estado que guarda la administración, a los titulares entrantes”, dispone la ley.
Por ahora, se espera que en los próximos días se reúna Germán Ávila, ministro de Hacienda y coordinador del empalme del Gobierno Petro, con José Manuel Restrepo, vicepresidente electo y jefe del equipo de transición de Abelardo de la Espriella, para definir cómo continuará el proceso de entrega del Ejecutivo.