En el marco del fallido proceso de empalme entre el gobierno saliente de Gustavo Petro y el entrante de Abelardo de la Espriella, Carlos Hernán Rodríguez, contralor general de la República, nuevamente hizo un llamado a las entidades del orden nacional para que se presente un informe detallado sobre el manejo de los recursos públicos durante los últimos cuatro años en el ‘Gobierno del Cambio’.
El jefe del organismo de control explicó que la información permitirá ofrecer al nuevo Gobierno un panorama completo sobre el estado de las finanzas públicas, los contratos vigentes y los proyectos que permanecen en ejecución, además de fortalecer la transparencia mediante datos verificables sobre la destinación del presupuesto nacional. Lea: Petro se pronuncia sobre la posesión de Abelardo: “La ley de Colombia se respeta”
¿Por qué la Contraloría pide un informe sobre los recursos públicos del último cuatrienio?
En declaraciones concedidas a EL TIEMPO, Rodríguez recordó que la Contraloría General de la República y la Procuraduría General de la Nación expidieron la Directiva Conjunta n.º 001 de 2026, con la que exhortan a los funcionarios del orden nacional a entregar un informe de gestión formalizado mediante acta y con detalle de los asuntos y recursos bajo su responsabilidad.
El contralor afirmó que el Gobierno saliente debe elaborar un balance integral de su gestión y del manejo de los recursos públicos administrados durante el periodo, con el propósito de suministrar un insumo técnico a la administración entrante y cumplir con lo establecido en la Ley 951 de 2005, la Circular 11 de 2006 y la Directiva 001 de 2026.
Rodríguez sostuvo que la rendición de cuentas es una obligación permanente debido a que los recursos pertenecen a todos los colombianos. Según indicó, este ejercicio permite evaluar con mayor rigor la eficiencia del gasto público y establecer cuáles recursos no fueron ejecutados. Lea también: Abelardo de la Espriella instala el primer Consejo de Ministros de su Gobierno
También señaló que los dineros pendientes de ejecución representan proyectos o planes que no lograron concretarse de manera satisfactoria y advirtió que los recursos comprometidos mediante contratos, pero sin ejecución dentro de los plazos previstos, incrementan el riesgo de generar reservas presupuestales que podrían afectar la disponibilidad de caja en el siguiente año fiscal.
El funcionario aseguró que el propósito de la Contraloría no se limita a recopilar cifras, sino a interpretar lo que estas reflejan sobre la gestión pública. Explicó que esa información fortalece las labores de vigilancia y control al permitir contrastar datos y profundizar en los aspectos que requieran seguimiento.
Añadió que la supervisión comprende el análisis permanente de los ingresos, los gastos, el endeudamiento y los resultados obtenidos con los recursos públicos. En ese sentido, enfatizó que “Cada peso debe reflejarse en el cumplimiento de los objetivos para los cuales fue asignado y ser verificable en la realidad de la vida de los ciudadanos”.
Rodríguez subrayó además que los cambios de gobierno no implican comenzar desde cero, ya que la administración entrante recibe compromisos, obligaciones y proyectos cuya continuidad debe quedar plenamente documentada. Indicó que tanto los contratos recientemente suscritos como aquellos que siguen en ejecución forman parte de las responsabilidades que asume el nuevo Ejecutivo.
Finalmente, el contralor insistió en que conocer el estado de los procesos contractuales y la disponibilidad presupuestal resulta indispensable para garantizar una transición ordenada y asegurar que los recursos públicos sean administrados de manera eficaz y efectiva, con independencia del gobierno de turno.