El conflicto armado en Colombia ha evolucionado hacia nuevas formas de violencia a pesar de que algunos indicadores muestran una reducción en los combates y en las operaciones tradicionales de la Fuerza Pública. El uso de drones por parte de grupos ilegales, el fortalecimiento de economías criminales como la minería ilegal y el aumento de las incautaciones de droga marcan las principales diferencias entre el cuatrienio de Iván Duque y el de Gustavo Petro.
Durante la reciente rendición de cuentas del sector Defensa, el ministro Pedro Sánchez presentó un balance de los resultados obtenidos por la Fuerza Pública en los últimos cuatro años. Sin embargo, un consolidado operacional conocido por EL TIEMPO permite comparar en detalle el periodo comprendido entre el 7 de agosto de 2018 y el 8 de julio de 2022, correspondiente al gobierno de Duque, con el mismo lapso de la administración Petro.
Las cifras reflejan una disminución en algunos indicadores de ofensiva militar, pero también evidencian la transformación de las estrategias empleadas por los grupos armados ilegales.
¿Cómo cambiaron las operaciones de la Fuerza Pública entre los gobiernos de Duque y Petro?
Según el informe conocido por EL TIEMPO, los combates disminuyeron de 1.953 a 1.685 en el actual cuatrienio. No obstante, los ataques contra la Fuerza Pública aumentaron de 460 a 1.102 y los hostigamientos pasaron de 128 a 516.
Uno de los cambios más significativos fue la aparición de los ataques con sistemas aéreos no tripulados (UAS), que registraron 371 casos, una modalidad inexistente en el periodo anterior. De acuerdo con fuentes militares citadas por EL TIEMPO, estas confrontaciones se concentran en regiones como Catatumbo, norte del Cauca, Bajo Cauca antioqueño, Arauca, Guaviare, sur de Córdoba y sur de Bolívar, donde el ELN, las disidencias de las Farc y el Clan del Golfo disputan corredores estratégicos para el narcotráfico y otras economías ilícitas.
En contraste, disminuyeron las destrucciones de depósitos ilegales, la neutralización de explosivos y las acciones contra cultivos ilícitos. Las matas de coca afectadas, por ejemplo, pasaron de más de 213 millones a cerca de 42,5 millones.
El componente antidrogas, en cambio, mostró un crecimiento. Las capturas por narcotráfico aumentaron de 6.897 a 9.261 y las incautaciones alcanzaron cifras récord. La cocaína decomisada pasó de 1,38 millones a 2,31 millones de kilogramos, mientras que también crecieron las incautaciones de marihuana, heroína, hoja de coca e insumos para la producción de estupefacientes.
Analistas consultados por EL TIEMPO atribuyen este incremento al aumento de la producción de coca en el país. De acuerdo con el Sistema Integrado de Monitoreo de Cultivos Ilícitos (SIMCI), Colombia cerró 2024 con 261.000 hectáreas sembradas con coca, la cifra más alta registrada por ese sistema.
Otro de los frentes con mayores resultados fue la lucha contra la minería ilegal. El reporte evidencia un incremento en las incautaciones de oro, mercurio, coltán y combustible, además de un mayor número de dragas, maquinaria y socavones intervenidos.
El balance también muestra que las organizaciones criminales mantienen una importante capacidad logística. Durante el cuatrienio fueron incautadas más de 10.900 armas cortas, 3.400 armas largas, cerca de dos millones de municiones y más de 50.000 artefactos explosivos.
En cuanto al impacto sobre la Fuerza Pública, el número de militares heridos aumentó de 1.168 a 1.340, impulsado por los ataques con drones, que dejaron 297 lesionados.
Aunque el total de uniformados asesinados bajó de 289 a 272, las muertes en combate aumentaron de 107 a 129 y surgieron nuevas modalidades de ataque, con 23 militares muertos por drones y nueve por la modalidad conocida como “pisasuave”, lo que evidencia la adaptación táctica de los grupos armados ilegales, según el consolidado conocido por EL TIEMPO.