A pocos meses de que se cumpla el décimo aniversario del Acuerdo de Paz, la Organización de las Naciones Unidas (ONU) reiteró que este sigue siendo la principal herramienta para consolidar una paz duradera en Colombia. Durante una sesión del Consejo de Seguridad, la organización aseguró que el gobierno del presidente electo, Abelardo de la Espriella, tendrá la responsabilidad de impulsar con mayor rapidez su implementación en los territorios más afectados por el conflicto.
Al presentar el más reciente informe de la Misión de Verificación de la ONU en Colombia, correspondiente al periodo entre el 27 de marzo y el 26 de junio de 2026, el jefe de la misión, Miroslav Jenča, afirmó que el organismo está dispuesto a trabajar con las nuevas autoridades y compartir las lecciones aprendidas tras casi una década de acompañamiento al proceso de paz.
El representante de la ONU reconoció que la seguridad fue una de las principales preocupaciones durante la reciente campaña presidencial y señaló que los resultados limitados de los diálogos con grupos armados han generado un amplio debate en el país. Sin embargo, enfatizó que la respuesta no puede centrarse únicamente en el fortalecimiento de las acciones militares.
“Las zonas donde hoy la violencia es más intensa son precisamente aquellas donde la implementación del acuerdo y la presencia del Estado han sido insuficientes”, afirmó Jenča ante el Consejo de Seguridad de la ONU.
¿Qué advirtió la ONU sobre la seguridad y el Acuerdo de Paz en Colombia?
Según la ONU, regiones como Catatumbo y el Cauca continúan siendo escenario de enfrentamientos entre grupos armados y organizaciones criminales que disputan el control de economías ilícitas y corredores estratégicos. En Catatumbo, la misión alertó que el conflicto se ha intensificado con nuevas modalidades de combate, entre ellas el uso de drones.
El organismo insistió en que romper estos ciclos de violencia requiere cumplir los compromisos adquiridos con las comunidades y combinar estrategias de seguridad con inversión social, desarrollo rural y fortalecimiento institucional.
Asimismo, Jenča condenó las amenazas contra la población civil, el reclutamiento de menores, los secuestros y otros hechos que continúan provocando desplazamientos y confinamientos. También mencionó la situación registrada en López de Micay (Cauca), donde, según denuncias atribuidas a un grupo armado, ocho personas permanecían retenidas tras una incursión que obligó a cerca de 70 familias a abandonar sus viviendas. La Misión de Verificación reiteró su disposición para facilitar la liberación de personas privadas de la libertad.
La ONU destaca avances, pero pide fortalecer la reincorporación y la reforma rural
Durante su intervención, Jenča resaltó que más de 11.000 exintegrantes de las extintas FARC-EP continúan vinculados al proceso de reincorporación, considerado por la ONU como uno de los que presenta menores índices de reincidencia a nivel internacional. No obstante, advirtió que para preservar esos resultados es indispensable garantizar su seguridad, generar oportunidades económicas sostenibles y mantener las garantías judiciales previstas en el Acuerdo de Paz.
La ONU también destacó los avances de la Reforma Rural Integral mediante los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET), que benefician a cerca de seis millones de habitantes de 170 municipios. Aunque valoró la decisión del Congreso de extender estos programas hasta 2037, señaló que aún existen desafíos relacionados con la formalización de tierras, el apoyo técnico a los productores y la protección de las comunidades frente a los grupos armados.
Finalmente, el organismo valoró que las dos vueltas de las elecciones presidenciales se desarrollaran de forma pacífica y con amplia participación ciudadana, pese a la polarización política. Sin embargo, expresó preocupación por el ambiente posterior a los comicios e hizo un llamado a los líderes políticos a reducir las tensiones y aprovechar la nueva etapa para acelerar la implementación del Acuerdo de Paz en Colombia.