En Colombia, una madre cabeza de hogar condenada por un delito no violento puede hoy pagar su deuda con la justicia sin ingresar a una cárcel. En lugar de ello, tiene la posibilidad de prestar servicios comunitarios bajo supervisión judicial mientras continúa al cuidado de sus hijos o familiares dependientes.
Ese es el propósito de la Ley de Utilidad Pública, una norma sancionada el 8 de marzo de 2023 que introdujo un nuevo enfoque en la política criminal del país al incorporar criterios de justicia restaurativa y perspectiva de género.
La iniciativa parte de una realidad que durante años pasó inadvertida en el sistema judicial: muchas mujeres privadas de la libertad eran las únicas responsables del sostenimiento y cuidado de sus hogares, y su encarcelamiento terminaba afectando no solo a ellas, sino también a niños, adultos mayores y personas con discapacidad que dependían completamente de su presencia.
Una alternativa para delitos no violentos
El beneficio no aplica para cualquier persona ni para cualquier delito.
Solo pueden acceder mujeres que ya hayan sido condenadas —no sindicadas— por delitos no violentos y que acrediten ser cabeza de hogar en condiciones de vulnerabilidad económica y social.
Además, quedan excluidas quienes hayan sido condenadas por violencia intrafamiliar o por utilizar menores de edad para la comisión de delitos.
La filosofía detrás de la norma es que la sanción penal pueda cumplirse mediante una reparación efectiva a la sociedad sin romper los vínculos familiares cuando existen circunstancias de especial protección.
¿Cómo funciona?
El mecanismo sustituye la prisión por la prestación de servicios comunitarios no remunerados en entidades públicas u organizaciones sociales.
Cada cinco horas de trabajo equivalen al cumplimiento de una semana de la condena impuesta, y las beneficiarias deben cumplir entre cinco y veinte horas semanales, según un plan de trabajo previamente concertado y aprobado por la autoridad judicial.
Todo el proceso es supervisado por el juez competente, mientras que la entidad donde se desarrolla el servicio presenta informes periódicos sobre el cumplimiento de las actividades.
Si la mujer incumple injustificadamente las condiciones establecidas, el beneficio puede ser revocado y deberá regresar a cumplir la pena en prisión o en detención domiciliaria, según corresponda.
Los resultados reportados
De acuerdo con cifras divulgadas por el Gobierno Nacional, hasta la fecha 264 mujeres cabeza de hogar han avanzado en el cumplimiento de sus condenas mediante este mecanismo.
Del total, 187 se encuentran realizando actualmente labores comunitarias y 37 ya finalizaron completamente su sanción penal.
Las autoridades también aseguran que no se conocen casos de reincidencia entre las mujeres que han accedido a este sustituto penal, un dato que presentan como evidencia de la efectividad del modelo de resocialización.
El impacto trasciende a las beneficiarias directas. Según las estimaciones oficiales, más de 700 personas de sus núcleos familiares han evitado situaciones de riesgo social gracias a que las mujeres han podido permanecer junto a sus hijos y demás dependientes.
Un aporte frente al hacinamiento carcelario
Además de su componente social, la Ley de Utilidad Pública también pretende contribuir a aliviar la sobrepoblación en los establecimientos penitenciarios del país.
La estrategia busca ofrecer una respuesta distinta para casos en los que la prisión tradicional podría agravar condiciones de pobreza y exclusión sin generar necesariamente mejores resultados en términos de reinserción.
Actualmente existe una red de entidades públicas y organizaciones sociales que ha habilitado 2.557 plazas para la prestación de estos servicios comunitarios.
Sin embargo, el desafío continúa siendo ampliar su cobertura. Según las proyecciones oficiales, cerca de 5.900 mujeres privadas de la libertad cumplirían con los requisitos objetivos para acceder a esta alternativa.
Justicia restaurativa con enfoque de género
Más allá de sustituir una pena, la Ley de Utilidad Pública plantea una transformación en la forma de entender la justicia penal.
El modelo reconoce que, en determinados contextos de marginalidad y exclusión, las sanciones pueden incorporar mecanismos restaurativos que permitan reparar el daño causado sin profundizar las condiciones de vulnerabilidad de las familias.
Para el Gobierno Nacional, el fortalecimiento de esta política pasa ahora por ampliar las plazas disponibles, capacitar a operadores judiciales y combatir el estigma que enfrentan las mujeres que buscan reconstruir sus proyectos de vida tras cumplir una condena.
La apuesta es que reparar el daño causado y preservar la unidad familiar no sean objetivos incompatibles, sino dos dimensiones complementarias de una justicia más humana y efectiva.