El Congreso de la República comenzará este lunes un nuevo periodo legislativo correspondiente al cuatrienio 2026-2030, en un escenario marcado por la llegada del nuevo Gobierno de Abelardo De La Espriella y por una agenda que combinará proyectos económicos, reformas estructurales y decisiones de alto impacto institucional.
Además de tramitar las iniciativas que presentará el Ejecutivo, el Legislativo tendrá la responsabilidad de abordar proyectos que durante años no han logrado convertirse en ley, entre ellos las reformas política y a la justicia. También persiste la expectativa sobre el futuro de una eventual reforma al sistema de salud, luego de que los intentos impulsados durante el gobierno de Gustavo Petro no prosperaran.
La conformación política del nuevo Congreso también representa un cambio frente al periodo anterior. El Pacto Histórico asumirá el papel de principal fuerza de oposición, acompañado por sectores de la Alianza Verde y las organizaciones indígenas. En aplicación del Estatuto de la Oposición, Iván Cepeda ocupará una curul en el Senado y Aida Quilcué en la Cámara de Representantes. Lea: Cuenta regresiva para elegir al presidente del Senado y la Cámara de Representantes
Uno de los primeros desafíos legislativos será el estudio de la reforma tributaria que prepara el nuevo ministro de Hacienda, Miguel Gómez, con la que el Gobierno busca obtener recursos para enfrentar el déficit fiscal. Sin embargo, el trámite podría complicarse debido a que el ministro saliente, Germán Ávila, anunció que la administración Petro radicará otra reforma tributaria este 20 de julio, lo que abriría un escenario de discusión entre ambas propuestas.
Entre septiembre y noviembre, los congresistas también deberán debatir el Presupuesto General de la Nación para 2027. El anteproyecto contempla recursos por 597 billones de pesos, monto que corresponde al presupuesto elaborado por el gobierno saliente para el primer año de la nueva administración.
Plan Nacional de Desarrollo y reformas marcarán el debate
Otro de los proyectos prioritarios será el Plan Nacional de Desarrollo de la administración De La Espriella. El Gobierno espera incluir allí sus principales compromisos y obtener facultades extraordinarias que le permitan ejecutar algunas decisiones administrativas, entre ellas la reorganización o eliminación de entidades que actualmente solo pueden modificarse mediante ley.
En materia de reformas, el exsenador Carlos Fernando Motoa considera que el Congreso volverá a discutir iniciativas relacionadas con la política y la justicia. No obstante, advierte que estos proyectos requerirán amplios acuerdos para avanzar y que, por ahora, no hacen parte de las prioridades inmediatas del nuevo presidente.
Motoa también estima que el Ejecutivo no impulsaría de entrada una nueva reforma a la salud. En cambio, prevé la llegada de proyectos enfocados en seguridad y paz, especialmente después de los anuncios del presidente electo sobre cambios en la figura del comisionado de paz y en la política de paz total.
Otro tema que podría llegar al Capitolio es el futuro de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP). Debido a que fue creada mediante una reforma constitucional con vigencia hasta 2032, cualquier intento por modificar o eliminar esa jurisdicción requerirá una nueva reforma a la Constitución, proceso que exige ocho debates en el Congreso.
Elecciones y control político también estarán en el radar
El nuevo Congreso deberá elegir al próximo contralor general de la República, proceso que quedó adelantado por la corporación saliente con una lista de diez finalistas. Sin embargo, la elección enfrenta incertidumbre por una demanda presentada ante el Consejo de Estado, donde se analiza si el procedimiento adelantado por la Universidad de Cartagena cumplió los requisitos establecidos.
A ese proceso se suma la elección de los nuevos magistrados del Consejo Nacional Electoral, una designación que cobra relevancia en medio del debate sobre el futuro de ese organismo y la necesidad de una eventual reforma política para modificar su funcionamiento.
La integración de la Comisión de Acusaciones será otro asunto clave. Esa célula legislativa tendrá bajo su estudio más de 50 denuncias contra el presidente Gustavo Petro, cuyo avance dependerá de la conformación que finalmente tenga la comisión.
Sobre los retos del nuevo Legislativo, Alejandra Barrios Cabrera, directora de la Misión de Observación Electoral (MOE), señaló: “indiscutiblemente, uno de los temas que se tiene que abordar en el Congreso que se instala el próximo 20 de julio es la reforma al Consejo Nacional Electoral. Por otro lado, en cuanto a las organizaciones políticas, se tiene que regular todo lo correspondiente a coaliciones, fusiones y escisiones.
Finalmente, la MOE considera inaplazable la revisión de las normas para las consultas internas de los partidos. Necesitamos tener partidos políticos democráticos con reglas claras”.
Desde el Gobierno, el ministro del Interior designado, Rodrigo Lara, ha manifestado que se respetará la independencia entre los poderes públicos durante el nuevo periodo legislativo.