El Gobierno Nacional puso en marcha una nueva regulación que redefine las responsabilidades de plataformas digitales, instituciones educativas y familias para reforzar la seguridad de los menores de edad en internet. Con la expedición del Decreto 0769 de 2026, que reglamenta la Ley 2489 de 2025, el país adopta un modelo de corresponsabilidad para prevenir delitos y riesgos en entornos digitales, sin afectar derechos fundamentales como la libertad de expresión y la privacidad.
La normativa responde al aumento de problemáticas como el ciberacoso, el grooming —adultos que se hacen pasar por menores para abusar de ellos—, la explotación sexual infantil, la adicción a las pantallas y el reclutamiento de niños y adolescentes por grupos ilegales a través de plataformas digitales.
El decreto impone nuevas obligaciones a empresas tecnológicas, redes sociales, desarrolladores de aplicaciones y videojuegos que operen en Colombia. Plataformas como Instagram, TikTok, Facebook, YouTube y títulos como Roblox o Fortnite deberán incorporar medidas de seguridad y privacidad desde el diseño de sus servicios.
¿Qué cambia con el Decreto 0769 de 2026 para proteger a los menores en internet?
Entre las exigencias se encuentran la eliminación, bloqueo y reporte inmediato ante la Fiscalía de contenido relacionado con explotación o abuso sexual infantil (CSAM), la implementación de mecanismos efectivos de verificación de edad conforme a la Ley 1581 de 2012 y la inclusión de controles parentales sencillos y accesibles.
Además, estas compañías deberán presentar cada seis meses un informe de gestión de riesgos al Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (MinTIC), habilitar canales visibles para denuncias y revisar el impacto de sus algoritmos de recomendación para evitar que promuevan conductas adictivas o afecten el bienestar de los menores.
Seguridad y educación, pilares clave
En materia de privacidad, el decreto prohíbe expresamente la censura previa, la vigilancia masiva de comunicaciones y cualquier medida que debilite el cifrado de extremo a extremo en aplicaciones de mensajería como WhatsApp. También impide el perfilamiento comercial de menores, la recopilación de datos biométricos y el rastreo de su ubicación con fines publicitarios.
El sector educativo también asume nuevas responsabilidades. Los colegios deberán actualizar sus Proyectos Educativos Institucionales (PEI) y Manuales de Convivencia para incluir protocolos frente al ciberacoso y otras formas de violencia digital. Asimismo, tendrán que desarrollar talleres de alfabetización y mediación digital dirigidos a padres de familia.
Por su parte, el Ministerio de Educación creará un repositorio gratuito en Colombia Aprende con recursos pedagógicos para promover el uso seguro de internet, mientras que las instituciones deberán demostrar el cumplimiento de estas disposiciones.
El decreto también establece un Sistema Integral de Monitoreo que articulará al MinTIC, MinEducación, ICBF, MinJusticia, MinDefensa y la Fiscalía para generar alertas tempranas sobre ciberdelitos, violencia digital y reclutamiento en línea. Los programas de ciberseguridad y alfabetización digital podrán financiarse con recursos del Fondo Único de TIC (FUTIC).
Entre las principales novedades de la regulación se destacan la activación inmediata de rutas de denuncia ante la Fiscalía, el ICBF o la Policía Nacional (CAI Virtual), la creación de una biblioteca digital gratuita en Colombia Aprende, la actualización obligatoria de los protocolos escolares contra el ciberbullying, la prohibición del rastreo comercial de menores y la garantía de privacidad en los servicios de mensajería mediante la protección del cifrado de extremo a extremo.