El Gobierno Nacional declaró la situación de desastre de carácter nacional ante el riesgo que representa el desarrollo del fenómeno de El Niño en distintas regiones del país. La decisión quedó oficializada mediante el Decreto 0802 del 23 de julio de 2026 y tendrá una vigencia de 12 meses, período durante el cual las autoridades podrán adoptar medidas extraordinarias para prevenir y atender los impactos asociados a este evento climático.
La medida busca fortalecer la coordinación entre las entidades del Estado y acelerar la ejecución de acciones destinadas a reducir los riesgos para la población, especialmente en sectores vulnerables a las altas temperaturas y la disminución de las lluvias.
¿Por qué el Gobierno declaró desastre nacional por el fenómeno de El Niño?
De acuerdo con el decreto, la declaratoria se fundamenta en la Ley 1523 de 2012, que regula la gestión del riesgo de desastres en Colombia y faculta al Gobierno para adoptar medidas excepcionales cuando una amenaza pueda comprometer la seguridad, la salud y el bienestar de los ciudadanos.
El documento también recuerda que los artículos 48 y 49 de la Constitución obligan al Estado a “garantizar la protección de la vida y la salud”, así como el acceso permanente a los servicios de promoción, prevención y atención sanitaria. Además, establece el deber de “asegurar la prestación eficiente de los servicios públicos esenciales, especialmente aquellos relacionados con el abastecimiento de agua potable, el saneamiento ambiental y la atención de emergencias”.
En esa misma línea, el Gobierno reiteró que la Ley 1523 define la gestión del riesgo como un proceso permanente para formular e implementar políticas que permitan reducir las amenazas y atender los desastres, con el objetivo de proteger a las personas, los animales y el desarrollo sostenible del país.
El decreto enfatiza que esta responsabilidad no recae únicamente sobre las entidades estatales. Según la normativa, todas las autoridades y los habitantes del territorio nacional deben actuar de manera coordinada y solidaria frente a las amenazas, siguiendo las disposiciones de las autoridades competentes.
Con esta declaratoria, el Ejecutivo podrá activar los mecanismos previstos en la legislación para responder a las posibles afectaciones del fenómeno de El Niño, entre ellas las relacionadas con el abastecimiento de agua, la producción agrícola, los ecosistemas y la prestación de servicios públicos esenciales. Durante los próximos 12 meses, las acciones serán coordinadas a través del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres.