Una nueva denuncia penal contra Juliana Guerrero y su hermana, Verónica Guerrero, presentó ante la Fiscalía General de la Nación, la senadora Jennifer Pedraza por la presunta participación de las mencionadas en una serie de delitos relacionados con una supuesta red de gestión de contratos estatales.
La acción judicial señala posibles responsabilidades por tráfico de influencias de particular, concierto para delinquir, cohecho por dar u ofrecer y enriquecimiento ilícito de particulares. La denuncia también vincula a David Trespalacios y Wilmer Trespalacios, a quienes Pedraza atribuye una posible participación en el recaudo y distribución de recursos.
El documento presentado por la congresista toma como base una publicación de la revista Semana que reúne testimonios de empresarios, conversaciones de WhatsApp, audios y comprobantes de consignaciones bancarias relacionados con los hechos denunciados.
Según la información incorporada en la denuncia, las actuaciones que son objeto de investigación habrían comenzado durante el segundo semestre de 2024, cuando las hermanas Guerrero establecieron relaciones de confianza con empresarios de Norte de Santander, Valle del Cauca, Cesar y Santander.
Los testimonios citados en la publicación señalan que una primera reunión con las Guerrero tendría un valor de un millón de pesos. Posteriormente, Juliana Guerrero habría ofrecido gestionar ante el Gobierno de Gustavo Petro actuaciones destinadas a favorecer a empresarios.
De acuerdo con los elementos referidos por Pedraza, esa gestión habría estado acompañada de un cobro de 200 millones de pesos y de una comisión equivalente al 10 % del valor de cada proyecto que fuera adjudicado. Juliana Guerrero también enfrenta un proceso judicial relacionado con títulos falsos, según la información entregada.
Entre sus solicitudes, la senadora pidió establecer quiénes serían los empresarios que, de acuerdo con la publicación periodística, habrían entregado dinero a las denunciadas para obtener gestiones relacionadas con contratos estatales.
Pedraza solicitó además determinar si esos empresarios podrían tener responsabilidad penal en calidad de autores, coautores o determinadores por los delitos de cohecho por dar u ofrecer, tráfico de influencias de particular y concierto para delinquir.
La denuncia también busca establecer si funcionarios públicos pudieron intervenir en los hechos. Para ello, la congresista pidió identificar a los servidores que presuntamente hubieran recibido dinero u otra utilidad, así como a aquellos cuyas decisiones pudieran haber sido influenciadas de manera indebida.
En ese punto, Pedraza solicitó que se remitan copias a las autoridades competentes cuando corresponda, de acuerdo con el factor de competencia. La petición está dirigida a esclarecer una eventual participación de funcionarios en los hechos puestos en conocimiento de la Fiscalía.
La congresista también pidió evaluar la posibilidad de imponer medidas cautelares sobre los bienes de las personas investigadas, con el propósito de garantizar el desarrollo de las actuaciones judiciales relacionadas con la denuncia.
A partir de ahora, corresponde a la Fiscalía General de la Nación adelantar las diligencias de investigación, recopilar y valorar el material probatorio y determinar las actuaciones que procedan frente a las denuncias formuladas contra las hermanas Guerrero y las demás personas mencionadas.