La Corte Suprema de Justicia confirmó que los expresidentes del Senado, Iván Name, y de la Cámara de Representantes, Andrés Calle, continuarán privados de la libertad mientras avanza el proceso judicial relacionado con el presunto entramado de corrupción en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD).
La decisión mantiene la negativa a conceder la libertad por vencimiento de términos que las defensas de ambos dirigentes habían solicitado meses atrás. Para el alto tribunal, aún existen actuaciones probatorias pendientes que impiden acceder a esa petición en esta etapa del proceso. Lea: Escándalo UNGRD: Olmedo López reconoce responsabilidad ante la Fiscalía
De acuerdo con la determinación, entre las pruebas que todavía deben practicarse figura el testimonio del exdirector del Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre), Carlos Ramón González. Por ese motivo, la Sala consideró que el plazo aplicable para analizar una eventual libertad provisional no es de seis meses, como sostenían los abogados defensores, sino de un año.

En la providencia, la Corte indicó: “Por lo anterior, esta Sala confirmará la denegación de la libertad provisional de los aforados”.
Corte Suprema ordena nuevas pruebas en investigación por la UNGRD
Como parte de las decisiones adoptadas, la Sala también aceptó el testimonio del presidente de Colpensiones, Jaime Dussán, al considerar que puede aportar elementos para “obtener claridad sobre las gestiones técnicas” relacionadas con el expediente.
Además, el alto tribunal ordenó nuevas diligencias sobre Pedro José Castro Espinosa, quien es mencionado en la investigación por presuntamente haber facilitado recursos económicos que, según el expediente, terminaron en poder del exsubdirector de la UNGRD, Sneyder Pinilla.
La Corte dispuso igualmente solicitar a la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) información sobre la situación tributaria de Castro Espinosa y requerir documentación a la Unidad de Gestión Pensional y Parafiscales (UGPP) acerca de una sociedad vinculada al empresario.

Dentro de las medidas adoptadas también se amplió el periodo que abarcarán algunas de las pruebas documentales, las cuales ahora comprenderán información correspondiente a los años 2021, 2022, 2023 y 2024.
Iván Name y Andrés Calle enfrentan un juicio por los presuntos delitos de cohecho impropio y peculado por apropiación en favor de terceros agravado. La investigación sostiene que ambos habrían recibido dinero para favorecer el trámite de iniciativas del Gobierno en el Congreso, en el marco del escándalo por el presunto desvío de recursos de la UNGRD.
