La Procuraduría General de la Nación definió un plazo de cinco días hábiles para que las autoridades regionales del Cesar entreguen la información detallada sobre los procesos de protección, recuperación y conservación de la cuenca del río Cesar, frente a las alertas de deterioro progresivo del afluente.
El informe tendrá que dar cuenta de las acciones avanzadas por el alcalde de Valledupar, Ernesto Orozco Durán y la directora general de la Corporación Autónoma Regional del Cesar (Corpocesar), Adriana Margarita García Arevalo durante los años 2025 y 2026. Lea también: La millonaria obra que protege a Río Viejo de las inundaciones y la erosión
Como parte de “una actuación preventiva” por diferentes problemáticas como procesos de erosión, contaminación por vertimientos, usos del suelo y condiciones derivadas del cambio climático.
De acuerdo con el Ministerio Público, la situación ambiental de la cuenca podría tener daños irreparables que afecten la disponibilidad futura de la fuente hídrica, comprometer la actividad agropecuaria de la región y el balance de otros ecosistemas dependientes del río.
Entre la información que las autoridades deberán aportar, la Procuraduría estableció los “programas, proyectos y acciones” en curso o que han sido programados con anterioridad en torno a la problemática ambiental de la cuenca, y las decisiones administrativas o de control “frente a los hechos que podrían estar afectando la calidad del agua del río Cesar”.