La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) imputó a 27 antiguos comandantes de los bloques Sur y Oriental de las extintas Farc-EP dentro de los macrocasos 10 y 11, que investigan crímenes de guerra, graves violaciones a los derechos humanos y hechos de violencia basada en género cometidos durante el conflicto armado.
La decisión se produjo tras una investigación que reconstruyó patrones de violencia atribuidos a la antigua guerrilla y analizó cerca de 10.000 expedientes remitidos por la Fiscalía General de la Nación.
¿Quiénes fueron imputados por la JEP?
Entre los 27 exintegrantes de las Farc imputados se encuentran cuatro antiguos miembros del último Secretariado de la organización:
- Rodrigo Londoño Echeverry, conocido como ‘Timochenko’.
- Milton de Jesús Toncel, alias ‘Joaquín Gómez’.
- Jaime Alberto Parra, conocido como ‘El Médico’ o ‘Mauricio Jaramillo’.
- Julián Gallo Cubillos, alias ‘Carlos Antonio Lozada’.
Esta constituye la primera imputación conjunta del caso 10 con el subcaso 01 del macrocaso 11, relacionada con hechos de violencia sexual contra civiles y otras conductas cometidas como parte del control territorial ejercido por las Farc.
La investigación analizó cerca de 10.000 expedientes
La JEP explicó que su decisión se sustentó en el análisis de cerca de 10.000 expedientes provenientes de la Fiscalía, los testimonios de 2.436 víctimas acreditadas, 82 versiones colectivas e individuales de comparecientes y 146 informes presentados por organizaciones de víctimas y de la sociedad civil.
Según la jurisdicción, los expedientes remitidos por la justicia ordinaria contenían un universo provisional de 66.823 hechos. De ellos, aproximadamente el 98 % no tenía condena y el 90 % permanecía en etapas preliminares de investigación.
Los tres patrones de violencia identificados por la JEP
La Sala de Reconocimiento agrupó los hechos investigados en tres grandes patrones de criminalidad.
El primero corresponde a la conducción de las hostilidades durante el conflicto, incluyendo acciones que afectaron a civiles y miembros de la Fuerza Pública en tomas guerrilleras, hostigamientos y combates. Dentro de este patrón fue documentada la toma de Mitú, que dejó 56 personas muertas entre militares, policías y civiles.
El segundo patrón está relacionado con el control social y territorial ejercido por las Farc mediante reglas impuestas a las comunidades, castigos, homicidios, desapariciones forzadas y desplazamientos. La investigación también documentó hechos asociados al cobro de extorsiones, represalias contra personas que rechazaban el reclutamiento y ataques contra líderes sociales, políticos y comunidades.
El tercer patrón se centra en las redes clandestinas que operaban en zonas urbanas. Allí fueron incluidos atentados con explosivos, como el perpetrado contra el Club El Nogal, en Bogotá, y el ataque con carro bomba en Neiva, además de asesinatos selectivos.
La JEP analizó el asesinato de Álvaro Gómez Hurtado
Dentro de esta investigación, la JEP también examinó el asesinato del dirigente conservador Álvaro Gómez Hurtado y de José del Cristo Huertas, ocurrido el 2 de noviembre de 1995.
Según la jurisdicción, existen elementos que permiten establecer que al menos dos de los sicarios que participaron en el crimen hacían parte de la red urbana de las Farc.
Para llegar a esa conclusión, la investigación contrastó retratos hablados elaborados en la época, información relacionada con Juan Carlos Palacios y declaraciones entregadas en 1996 por un infiltrado de la Policía identificado con el código ‘Luna’.
No obstante, la JEP aclaró que aún existen interrogantes sobre los móviles del magnicidio y recordó que la Fiscalía General de la Nación mantiene la competencia para investigar la eventual participación de personas que no están sometidas a la justicia transicional.