Apocas horas de finalizar su mandato presidencial, Gustavo Petro expidió un decreto con el que establece un nuevo beneficio económico para los funcionarios y empleados de la Procuraduría General de la Nación. La medida crea una bonificación especial de recreación que será reconocida cada vez que los servidores públicos inicien su período de vacaciones.
La decisión quedó consignada en el decreto 0966 de 2026, fechado el 4 de agosto, y cuenta con las firmas del entonces presidente, del ministro de Hacienda, Gérman Ávila; la ministra encargada de Justicia, Cielo Rusinque; y la directora de la Función Pública, Mariela del Socorro Barragán.
De acuerdo con el texto, todos los funcionarios del Ministerio Público tendrán derecho a recibir este incentivo por cada período vacacional. El monto corresponderá a tres días de la asignación básica mensual vigente al momento de iniciar el descanso. Lea: Gustavo Petro compró 4 aeronaves militares antes de dejar el poder
El decreto también precisa que el beneficio aplicará cuando las vacaciones sean compensadas en dinero. En los casos en que el funcionario disfrute efectivamente de su descanso, el pago deberá realizarse con al menos cinco días hábiles de anticipación al inicio de las vacaciones.
Decreto sobre bonificación en la Procuraduría fija nuevas reglas
La norma incorpora además una disposición sobre el régimen salarial y prestacional. En su artículo 3 establece que “ninguna autoridad podrá establecer o modificar el régimen salarial o prestacional establecido en el presente decreto”, en concordancia con lo previsto en el artículo 10 de la Ley 4ª de 1992.
La expedición del decreto ocurre en medio del proceso de transición entre el gobierno saliente y la administración del presidente electo Abelardo de la Espriella. En ese contexto, el gobierno entrante ha expresado reparos por decisiones adoptadas en los últimos días de la administración Petro, entre ellas denuncias sobre contrataciones de última hora.
El anuncio también coincide con la presentación del proyecto de Presupuesto General de la Nación para 2027, que asciende a 575,6 billones de pesos y contempla un déficit presupuestal de 30,2 billones de pesos, un panorama fiscal que deberá afrontar el nuevo gobierno.