Un año después de la desaparición de Valeria Afanador, la menor, de 10 años, que desapareció el 12 de agosto de 2025 en las instalaciones del Gimnasio Campestre Los Laureles Bilingüe, en Cajicá, Cundinamarca, y 17 días después fue hallada sin vida en la zona de río Frío, ubicado en le mismo municipio, se conoció una medida en contra de la institución educativa.
La decisión, tomada por la Gobernación de Cundinamarca, ordena el cierre y la cancelación de la licencia de funcionamiento del Gimnasio Campestre Los Laureles Bilingüe, tras concluir un proceso administrativo sancionatorio.
De acuerdo con la medida, el establecimiento educativo fue declarado responsable por presuntas omisiones en el deber de cuidado y protección de la estudiante, así como por deficiencias en los protocolos de seguridad y en los mecanismos de respuesta ante su desaparición.
Gimnasio Los Laureles cerrará: fecha y fallas que fueron encontradas por la Gobernación
La Gobernación de Cundinamarca explicó que el colegio Gimnasio Campestre Los Laureles Bilingüe cerrara una vez termine el calendario académico de 2026. Antes del 31 de octubre de 2026. Así mismo, manifestó que la rectora, Sonia Ochoa Daza, deberá presentar ante la Secretaría de Educación de Cundinamarca un Plan de Reubicación de Estudiantes.
Además, la Gobernación ordenó remitir copias del proceso a la Fiscalía General de la Nación, para que esa entidad determine si los hechos requieren actuaciones dentro de sus competencias. Le puede interesar: Casi un año después, imputan cargos por caso de Valeria Afanador
Entre las conclusiones del proceso administrativo, la Gobernación señaló que el colegio presentaba deficiencias en los mecanismos establecidos para responder de manera inmediata ante la desaparición o pérdida de ubicación de un estudiante.
Según el documento, no existía una estructura operativa suficientemente definida para actuar de forma inmediata en este tipo de situaciones, lo que habría derivado en respuestas improvisadas y poco coordinadas entre diferentes integrantes de la comunidad educativa.
La investigación también estableció que, aunque algunos docentes y funcionarios mencionaron protocolos generales para atender evacuaciones y emergencias, no se logró demostrar la existencia de una ruta específica para actuar ante la desaparición de un estudiante.
De acuerdo con la decisión, el colegio tampoco contaba dentro de sus documentos y protocolos institucionales con un procedimiento claro y detallado para atender este tipo de casos, pese a que la Gobernación consideró que se trataba de un riesgo previsible dentro de las actividades de cuidado y custodia de los estudiantes.