El Ministerio de Ambiente abrió la puerta a que el gas natural continúe teniendo un papel dentro de la transición energética de Colombia, al considerar que su uso debe analizarse desde la seguridad del abastecimiento, la reducción de emisiones y la protección de los ecosistemas.
La posición fue planteada tras una reunión con la Asociación Colombiana de Gas Natural (Naturgas), en la que la cartera abordó los retos que enfrenta el país para avanzar hacia una matriz energética con menor impacto ambiental.
Uno de los argumentos expuestos por el Ministerio está relacionado con las emisiones. Con cifras de referencia de 2024, la entidad señaló que el gas natural representa cerca del 0,95 % de las emisiones nacionales. Lea: Colombia podría importar hasta el 70 % del gas que necesita en 2027
Además, advirtió que reemplazarlo de manera eventual por combustibles con una mayor intensidad de carbono podría ocasionar hasta 27 millones de toneladas adicionales de emisiones.
Por esa razón, la cartera considera que las decisiones sobre el futuro del gas natural deben estar sustentadas en evidencia científica y tener en cuenta tanto las necesidades energéticas como las condiciones ambientales del país.
La discusión también tiene un componente económico y social. Según el Ministerio, la industria del gas representa alrededor del 1 % del PIB nacional y cerca del 85 % de sus usuarios corresponde a los estratos 1, 2 y 3.
Gas natural y transición energética: los proyectos que evalúa Colombia
En medio de este escenario, el Gobierno evalúa diferentes alternativas para fortalecer la oferta y garantizar el suministro de gas. Entre ellas se encuentran proyectos de exploración y producción, infraestructura de transporte y regasificación.
A estas opciones se suma el desarrollo de fuentes complementarias como el biogás y el biometano. De acuerdo con la cartera, estas alternativas podrían aumentar hasta en 11 % la oferta disponible de gas.
El Ministerio también planteó que el debate no debe concentrarse únicamente en los niveles de producción y consumo. Para la entidad, es necesario determinar qué beneficios pueden recibir las comunidades ubicadas en las zonas donde se desarrollan los proyectos energéticos.
En ese sentido, la cartera sostuvo que las nuevas iniciativas deberán incorporar una perspectiva de desarrollo territorial, con oportunidades para las comunidades, fortalecimiento de las economías locales y actividades compatibles con la protección ambiental.
Uno de los escenarios señalados por el Ministerio es el desarrollo de proyectos offshore. La entidad considera que estas iniciativas pueden convertirse en un punto de encuentro entre las necesidades energéticas y la conservación de los ecosistemas marino-costeros.
La protección de manglares, arrecifes coralinos y zonas de pesca, así como la participación de organizaciones comunitarias, hacen parte de esa visión.
La apuesta, según la cartera, es que el desarrollo energético pueda generar oportunidades económicas y sociales en los territorios sin dejar de lado la conservación del patrimonio natural.
Esta postura fue enmarcada por el Ministerio en la Agenda ABC —Agua, Biodiversidad y Comunidades— del Gobierno del presidente Abelardo de la Espriella, que plantea la protección ambiental como una condición para avanzar hacia una economía más segura, sostenible y resiliente.