A diferencia de los gobiernos recientes, la administración de Abelardo De La Espriella comenzó su mandato con una agenda legislativa todavía limitada.
El terremoto del pasado 10 de agosto, la falta de un empalme completo con el gobierno anterior y la prioridad puesta en la atención de la emergencia han desplazado, por ahora, las grandes reformas que suelen marcar los primeros meses de un nuevo presidente.
La situación contrasta con lo ocurrido hace cuatro años, cuando Gustavo Petro llegó al poder con una coalición que inicialmente parecía sólida y con dos proyectos prioritarios listos para ser discutidos: la denominada paz total y la reforma tributaria.
De la Espriella comienza a impulsar sus reformas en el Congreso
En los últimos años, los nuevos gobiernos han aprovechado los primeros meses de mandato para presentar ante el Congreso sus principales iniciativas. Ese periodo suele ser conocido como la “luna de miel” entre el Ejecutivo y el Legislativo, debido a la mayor disposición inicial de las bancadas para acompañar la agenda presidencial.
Algo similar ocurrió con Juan Manuel Santos en 2010 e Iván Duque en 2018. En ambos casos, los gobiernos llegaron con un conjunto de reformas y proyectos que buscaron impulsar desde el comienzo de sus administraciones.
En 2026, sin embargo, el panorama es diferente. Aunque De La Espriella cuenta con una coalición relativamente fuerte, su Gobierno no ha mostrado el mismo interés por acelerar la presentación de grandes reformas legales o constitucionales.
Una de las posibles razones es que la administración considere prioritario hacer cumplir las normas existentes antes que promover cambios legislativos.
A esto se suman circunstancias que han alterado el inicio del mandato, como las dificultades del empalme con el gobierno anterior y, especialmente, el terremoto del 10 de agosto.
Terremoto desplaza la agenda legislativa del Gobierno
Durante las primeras dos semanas de la administración, buena parte del gabinete se ha concentrado en la atención de la emergencia y en la preparación de la reconstrucción de las zonas afectadas.
En el Congreso, uno de los ministros que ha tenido mayor protagonismo ha sido el de Hacienda, Miguel Gómez, quien consiguió que las comisiones económicas devolvieran el proyecto de Presupuesto General de la Nación presentado por su antecesor, Germán Ávila.
Según Gómez, el proyecto tiene un desfinanciamiento de al menos $30 billones. Con la devolución, el Gobierno podrá modificar la distribución de los $575,6 billones contemplados inicialmente y ajustar las cuentas a las nuevas necesidades fiscales derivadas de la emergencia.
La expectativa es que el Gobierno presente una reforma tributaria que permita recaudar al menos $30 billones. Aunque inicialmente se esperaba que fuera radicada durante las primeras semanas del mandato, los ajustes provocados por el terremoto han llevado al Ministerio de Hacienda a proyectar su presentación hacia finales de agosto.
Gobierno solo ha presentado una reforma
Hasta ahora, el único proyecto oficial presentado por el Gobierno de De La Espriella es la denominada ley de competitividad, impulsada por el ministro de Comercio, Mauricio Gómez Amín.
La iniciativa busca reducir trámites y tiempos para las empresas, especialmente para las micro, pequeñas y medianas empresas. El proyecto ya estaba preparado antes del terremoto, pero podría incorporar disposiciones relacionadas con la recuperación económica.
“La propuesta parte de la necesidad de facilitar la actividad de quienes producen, invierten y generan empleo en Colombia”, plantea el Gobierno.
El exsenador y expresidente de la Comisión Primera del Senado, Carlos Fernando Motoa, considera que la emergencia obligó al Ejecutivo a retrasar la presentación de otras iniciativas.
Paz total y reforma a la salud, entre los proyectos esperados
Motoa señaló que, además del presupuesto y la reforma tributaria, el Gobierno podría presentar modificaciones a la ley de paz total, cuya base se encuentra en la legislación de orden público utilizada durante la administración de Gustavo Petro para establecer mecanismos de negociación con grupos armados ilegales.
Otro de los asuntos que, según el exsenador, debería llegar al Congreso es una reforma al sistema de salud, especialmente por la situación financiera del sector y las dificultades que enfrentan los pacientes para acceder a servicios y medicamentos.
La reforma tributaria, por ahora, aparece como la principal apuesta legislativa del Gobierno. Su discusión deberá comenzar después de que sea aprobado el Presupuesto General de la Nación.
Ambas iniciativas deberán cumplir con el trámite correspondiente en las comisiones económicas y contemplar, entre otros aspectos, las necesidades presupuestales asociadas a la recuperación de las zonas afectadas por el terremoto.
Congresistas impulsan proyectos para atender la emergencia
Mientras el Gobierno termina de definir su agenda, los congresistas han presentado diferentes proyectos relacionados con los efectos del terremoto del 10 de agosto.
Entre las propuestas aparecen iniciativas dirigidas a otorgar beneficios tributarios a los damnificados. Sin embargo, algunas de estas medidas podrían terminar siendo incorporadas mediante los instrumentos que utilice el Ejecutivo durante la emergencia económica, la reforma tributaria o el próximo Plan Nacional de Desarrollo.
Precisamente, el Gobierno y Planeación Nacional apenas comienzan a estructurar este último documento, que deberá incluir las prioridades de inversión y recuperación derivadas del desastre.
Proyectos sobre aborto, armas y fracking generan controversia
La actividad legislativa también ha comenzado a moverse con proyectos que no necesariamente están relacionados con la emergencia.
La denominada bancada Provida, integrada por sectores de los partidos Conservador, Salvación Nacional y organizaciones cristianas, presentó una iniciativa para prohibir las causales actualmente permitidas para acceder al aborto. Al tratarse de una reforma constitucional, el proyecto deberá tramitarse mediante un acto legislativo.
El Centro Democrático, por su parte, presentó un proyecto para flexibilizar las condiciones para el porte legal de armas de fuego destinadas a la defensa personal, iniciativa que también cuenta con respaldo de sectores de Salvación Nacional.
Desde la oposición, el Pacto Histórico radicó un proyecto para prohibir el fracking, una técnica de explotación de hidrocarburos que ha sido respaldada por el Gobierno de De La Espriella.
El control político toma fuerza en el Congreso
Mientras la agenda de reformas del Ejecutivo apenas comienza a definirse, el control político sí ha tenido mayor movimiento en el Congreso.
El Gobierno ya enfrenta citaciones relacionadas con la autorización de operaciones conjuntas con Estados Unidos en territorio colombiano y con la suspensión de contenidos informativos en RTVC.
Además, avanza una moción de censura contra el ministro de Vivienda, Jaime Andrés Beltrán, cuestionado por su viaje a Santa Marta junto con su familia durante la emergencia provocada por el terremoto.
La legislatura apenas comienza y, por ahora, el terremoto ha cambiado las prioridades del Gobierno. La gran discusión será determinar si, una vez superada la fase inicial de la emergencia, la administración de De La Espriella acelera su agenda de reformas o mantiene una estrategia centrada en la aplicación de las normas existentes y en la reconstrucción del país.