El reclutamiento de niños, niñas y adolescentes por parte de grupos armados aumentó de manera drástica en Colombia, mientras persisten graves deficiencias en la respuesta estatal para prevenir estos hechos, proteger a las víctimas y garantizar su reintegración.
La organización documentó al menos 1.500 casos de menores reclutados desde 2021 a partir del análisis de información de la Defensoría del Pueblo. Aunque HRW advierte que no existen registros exhaustivos, los datos oficiales disponibles muestran un incremento considerable de los casos desde 2023.
Los grupos armados disidentes de las desmovilizadas Farc aparecen como responsables de la mayoría de los casos denunciados. Más de la mitad de los hechos registrados se concentran en Cauca, mientras que los niños y niñas indígenas representan casi la mitad de los casos documentados, pese a que los pueblos indígenas constituyen cerca del 4 % de la población colombiana. Lea: Más de 72.000 personas han sufrido confinamiento en Colombia en 2026
El informe, de 124 páginas y titulado “Pensé que nunca volvería a ver a mi mamá”: Reclutamiento y uso de niños, niñas y adolescentes por parte de grupos armados en Colombia, analiza las condiciones que incrementan el riesgo, los métodos empleados por los grupos armados y las dificultades de las instituciones para responder a este fenómeno.
HRW señaló que más del 30 % de los menores registrados tenían entre 10 y 14 años. La organización recordó que el reclutamiento de niños de esas edades puede constituir un crimen de guerra conforme al derecho internacional.
La investigación se basó en 184 entrevistas con funcionarios, trabajadores humanitarios, líderes indígenas y comunitarios, defensores de familia y representantes de organizaciones de derechos humanos y de infancia. También incluyó encuentros con menores víctimas de reclutamiento o que estuvieron en riesgo de ser incorporados a grupos armados.
¿Cómo reclutan los grupos armados a niños y adolescentes en Colombia?
De acuerdo con HRW, los grupos armados y las organizaciones delictivas aprovechan situaciones como la pobreza, la exclusión social, la violencia en el hogar y las dificultades para acceder a la educación. A los menores se les ofrecen dinero, poder o reconocimiento, mientras que en algunos casos intervienen reclutadores civiles que pueden recibir hasta 1.000 dólares por cada niño o niña.
La organización también identificó casos de reclutamiento en escuelas rurales, incluidas residencias escolares. A esto se suma el uso de plataformas digitales, donde se han detectado publicaciones que presentan de manera favorable la pertenencia a grupos armados o difunden supuestas ofertas laborales utilizadas como mecanismo de captación.
Los investigadores revisaron más de 70 cuentas y 40 publicaciones en Facebook y TikTok relacionadas con este tipo de contenido. Según HRW, las plataformas no han logrado detectar y retirar de manera efectiva todo el material de reclutamiento y, en determinados casos, sus algoritmos aparentemente habrían contribuido a ampliar su difusión. Le puede interesar: De la Espriella anunció capturas de miembros de la Segunda Marquetalia y el Clan del Golfo
Human Rights Watch informó que comunicó sus hallazgos a Meta y ByteDance. Ambas compañías señalaron que sus políticas prohíben contenidos que promuevan o respalden organizaciones violentas y aseguraron disponer de mecanismos para actuar contra ellos. También informaron que retiraron perfiles señalados por HRW que contenían material explícito de grupos armados, incluidas ofertas de reclutamiento.
¿Qué ocurre con los menores después de ser reclutados?
Una vez incorporados, los menores suelen ser trasladados a otras regiones para alejarlos de sus familias y comunidades y dificultar posibles fugas. Algunos reciben entrenamiento militar, mientras otros son destinados a labores como mensajería, recopilación de información, vigilancia de rehenes, atención médica, tráfico de drogas o protección de comandantes.
Las niñas enfrentan además una exposición particular a la violencia sexual, de acuerdo con los hallazgos de la organización. La investigación sostiene que las diferentes funciones asignadas a los menores forman parte de las estrategias utilizadas por los grupos armados para mantenerlos bajo su control.
HRW cuestionó las políticas públicas destinadas a prevenir el reclutamiento, proteger a los menores, facilitar su salida de los grupos armados y acompañar su recuperación y reintegración. La política nacional aprobada en 2018, enfocada en la prevención del reclutamiento, utilización, uso y violencia sexual contra menores, fue señalada como desactualizada y sin un plan de acción definido ni presupuesto específico.
La Comisión Intersectorial de Prevención del Reclutamiento, Uso, Utilización y Violencia Sexual contra Niños, Niñas y Adolescentes, encargada de coordinar la respuesta estatal, también presenta limitaciones de ejecución y recursos, según HRW. Las autoridades municipales y departamentales afrontan dificultades presupuestales y de capacidad que dejan a menores sin mecanismos suficientes de protección.
La organización advirtió además que la justicia ha producido resultados muy limitados frente a estas denuncias. Según su análisis, durante la última década cerca del 1 % de las denuncias por reclutamiento llegó a una investigación penal y apenas el 0,2 % terminó en una condena, principalmente contra autores materiales y no contra los máximos responsables.
Ante las deficiencias institucionales, organizaciones comunitarias, entre ellas las guardias indígenas, han asumido funciones de protección y apoyo, incluso en acciones para sacar a menores de los grupos armados. HRW señaló que quienes participan en estas labores enfrentan graves riesgos y que algunos integrantes han sido asesinados como represalia.
Juanita Goebertus, directora para las Américas de Human Rights Watch, afirmó que “los grupos armados en Colombia están reclutando a niños, niñas y adolescentes con impunidad, los sistemas de protección están fallando y las plataformas de redes sociales se han convertido en terreno fértil para el reclutamiento”. La organización pidió al gobierno entrante del presidente Abelardo de la Espriella fortalecer una política integral de seguridad y justicia, dotar de recursos y personal a las instituciones locales y trabajar con organizaciones indígenas y líderes comunitarios. Goebertus resumió la exigencia de la entidad al señalar: “Para detener el reclutamiento de niños, niñas y adolescentes se necesitará bastante más que soldados en terreno”.