La Fiscalía General de la Nación presentó escrito de acusación contra el exviceministro para la Estrategia y Planeación del Ministerio de Defensa, Luis Edmundo Suárez Soto, por su presunta participación en irregularidades relacionadas con un contrato para el mantenimiento de los helicópteros rusos MI-17 del Ejército Nacional.
La acusación también involucra al particular Carlos Martín Uribe Forero, al contratista James Lester Montgomerie y a otros tres funcionarios que habrían intervenido en distintas etapas del proceso contractual.
De acuerdo con la investigación, Uribe Forero y Montgomerie presuntamente se concertaron con Suárez Soto para que una compañía extranjera obtuviera el contrato, pese a que, según la Fiscalía, no cumplía con las condiciones de idoneidad, experiencia y capacidad técnica y financiera exigidas.
El caso también compromete al exsecretario general del Ministerio de Defensa, Hugo Alejandro Mora Tamaño; al exdirector de Logística de la Dirección de Contratación Estatal, Herbert Arnulfo Buitrago Galán, y al entonces comandante de la Brigada de Aviación No. 32 del Ejército, coronel Julián Ferney Rincón Ricaurte.
Contrato de helicópteros MI-17, bajo la lupa de la Fiscalía
Según el expediente, los funcionarios señalados habrían intervenido para facilitar la contratación directa, en lugar de adelantar un proceso abierto.
La Fiscalía sostiene además que durante la estructuración del contrato se flexibilizaron requisitos habilitantes y se ampliaron los tiempos establecidos para la presentación de cotizaciones.
Otra de las actuaciones que hace parte de la investigación está relacionada con reuniones de estructuración que, presuntamente, habrían buscado favorecer al oferente.
La acusación señala también que se habría permitido la entrega de información financiera y técnica que no correspondía con la realidad.
Uno de los puntos centrales del caso está relacionado con la modalidad de pago. Según la investigación, esta habría sido modificada para permitir un desembolso inicial de 16 millones de dólares, equivalente al 50 % del valor total del contrato, en el primer corte de ejecución.
Los seis procesados deberán responder por los delitos de falsedad ideológica en documento público, peculado por apropiación, interés indebido en la celebración de contratos y contrato sin cumplimiento de requisitos legales.
También fueron acusados por tráfico de influencias de servidor público, prevaricato por acción, abuso de función pública y fraude procesal.