La ministra de Educación, Viviane Morales, respondió a las críticas que ha generado el borrador de decreto que contempla la posibilidad de que particulares y organizaciones religiosas administren colegios oficiales mediante contratos de concesión.
La propuesta ha provocado cuestionamientos de organizaciones del sector educativo y actores políticos, quienes consideran que el proyecto modificaría de manera significativa la administración de las instituciones públicas.
¿Qué propone el decreto sobre los colegios públicos?
El borrador contempla que entidades privadas y organizaciones religiosas puedan asumir la administración y operación de colegios oficiales por periodos de hasta 12 años.
Ante las críticas, Morales aseguró que varias de las disposiciones incluidas en el proyecto ya hacen parte de la normativa vigente y que, por tanto, no se trataría de una modificación completamente nueva al sistema educativo.
La ministra también defendió la participación de iglesias y confesiones religiosas en determinadas estrategias educativas y señaló que esta posibilidad cuenta con respaldo de la legislación colombiana y de decisiones de la Corte Constitucional.
MinEducación defiende participación de iglesias
Morales explicó que los contratos para desarrollar estrategias pedagógicas con iglesias y confesiones religiosas están contemplados desde hace más de tres décadas.
Según la funcionaria, esta figura está establecida en el artículo 200 de la Ley 115 de 1994 y reglamentada posteriormente mediante el Decreto 1851 de 2015.
La ministra también aseguró que la Corte Constitucional ha considerado constitucional este tipo de colaboración entre el Estado y las organizaciones religiosas.
Con ese argumento, rechazó que el proyecto implique una modificación de fondo a la separación entre Iglesia y Estado en materia educativa.
Fecode cuestiona el proyecto del Gobierno
Las declaraciones de Morales se produjeron después de las críticas de la Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación (Fecode), que cuestionó el contenido del borrador y pidió frenar su trámite.
El sindicato sostuvo que la propuesta podría afectar la separación entre Iglesia y Estado y calificó el proyecto como una reforma al modelo de administración de los colegios públicos.
Fecode también convocó a diferentes sectores a conformar un frente contra la modificación propuesta al Decreto 1075, que reúne la reglamentación del sector educativo.
Por ahora, el proyecto se encuentra en etapa de borrador y la discusión se concentra en el alcance que tendría la participación de privados y organizaciones religiosas en la administración de las instituciones educativas oficiales.