La Procuraduría General de la Nación abrió una investigación disciplinaria contra el exministro de Minas y Energía Edwin Palma y el exsuperintendente de Servicios Públicos Domiciliarios Elmer Felipe Durán por presuntas omisiones durante la intervención estatal de Air-e.
El Ministerio Público busca establecer si actuaciones o posibles faltas durante la administración de la empresa contribuyeron al deterioro de sus condiciones financieras, operativas y regulatorias desde que el Estado asumió su control en septiembre de 2024.
Uno de los principales elementos que tendrá en cuenta la Procuraduría es el crecimiento de las obligaciones de la empresa. Según el organismo de control, la deuda pasó de aproximadamente $833.000 millones en febrero de 2025 a $2,23 billones en diciembre del mismo año.
También se registró un aumento en el indicador de pérdidas totales, que pasó de 29,37 % a 31,20 %. A esto se suma que el patrimonio neto de Air-e pasó de positivo a negativo durante el periodo analizado.
La investigación vincula a Palma por su actuación como agente especial interventor de Air-e y a Durán por su gestión al frente de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios durante el periodo objeto de investigación.
¿Qué investiga la Procuraduría contra Edwin Palma?
En el caso de Edwin Palma, el Ministerio Público indagará posibles omisiones relacionadas con el traslado de recursos destinados al alumbrado público y con el cumplimiento de reportes regulatorios ante el Sistema Único de Información (SUI), XM y la Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG).
También se revisarán prácticas de facturación que, según la Procuraduría, habrían sido heredadas de administraciones anteriores y que no fueron corregidas durante la intervención estatal.
También investigan la gestión de la Superintendencia
Respecto de Elmer Felipe Durán, la investigación busca establecer si hubo posibles omisiones en el seguimiento realizado por la Superintendencia a la intervención de Air-e.
Entre los aspectos que serán revisados están la ausencia de un plan estructurado para solucionar la situación empresarial, posibles deficiencias en la provisión de recursos y en la gestión de la deuda, además de la falta de información a los organismos de control.
La Procuraduría también vinculó a la investigación a los agentes especiales interventores Diana María Bustamante Rueda y Nelson Javier Vásquez Torres.
En el caso de Bustamante Rueda, se revisarán posibles incumplimientos regulatorios, reportes pendientes y permisos vencidos, así como situaciones relacionadas con pasivos ambientales y con la información suministrada a la CREG sobre los activos de Air-e.
Procuraduría ya había pedido información sobre Air-e
La investigación disciplinaria se suma a una actuación iniciada previamente por la Procuraduría. Hace un año, el organismo de control había solicitado información a la Superintendencia de Servicios Públicos sobre posibles irregularidades relacionadas con la intervención de Air-e.
En ese momento, pidió documentación sobre la administración de la empresa, contratación, nombramientos y gastos de funcionamiento desde septiembre de 2024.
Con la apertura de la investigación disciplinaria, la Procuraduría buscará determinar si las actuaciones y omisiones señaladas constituyen faltas disciplinarias y establecer las eventuales responsabilidades de los funcionarios y agentes especiales vinculados al proceso.