El director de la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF), Wilmar Mejía, fue declarado insubsistente este martes 25 de agosto, en medio de los cuestionamientos e investigaciones que han rodeado su trayectoria en el Gobierno nacional.
Mejía había llegado a la dirección de la UIAF en abril de este año, cuando el entonces presidente Gustavo Petro lo designó para reemplazar a Jorge Arturo Lemus Montañez, quien había renunciado al cargo en medio de polémicas relacionadas con presuntas filtraciones de información y “chuzadas”.
¿Quién es Wilmar Mejía y por qué estaba cuestionado?
Licenciado en Deportes y profesor de formación, Mejía ocupó cargos de alta responsabilidad durante el Gobierno Petro. Entre ellos estuvo la Dirección de Inteligencia de la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI), además de su designación como delegado de la Presidencia ante la Universidad de Antioquia.
Su llegada a posiciones estratégicas se produjo pese a que enfrentaba investigaciones disciplinarias relacionadas con presuntos vínculos con alias Calarcá, señalado como uno de los principales jefes de las disidencias de las Farc en el oriente del país.
Las investigaciones apuntan a que Mejía habría entregado códigos de frecuencia radial utilizados por la Fuerza Pública y brindado apoyo para la creación de empresas de seguridad que, presuntamente, permitirían legalizar armas y preparar a integrantes de estructuras armadas ante una eventual ruptura de los diálogos con el Gobierno Petro.
Ante las graves e infundadas acusaciones divulgadas por @NoticiasCaracol, me dirijo a la opinión pública para desmentir categóricamente estas afirmaciones. Mi compromiso con la legalidad, la transparencia, la vida y la paz es inquebrantable. ¡Verdad y Transparencia! @petrogustavo… pic.twitter.com/mGIFYHJPir
— WilmarMejía (@wilmarmejia) November 25, 2025
Los señalamientos por información de inteligencia
Los cuestionamientos cobraron fuerza en noviembre de 2025, cuando fueron divulgados documentos encontrados en computadores incautados a alias Calarcá durante un retén del Ejército en Anorí, Antioquia. El señalado jefe disidente se movilizaba entonces en vehículos asignados a la Unidad Nacional de Protección (UNP).
Los equipos habían sido incautados el 23 de junio de 2024 y permanecían bajo custodia de la Fiscalía General de la Nación.
De acuerdo con los señalamientos, las relaciones de Mejía con integrantes de grupos armados habrían permitido que disidencias ubicadas en Antioquia, Catatumbo y el sur de Bolívar accedieran presuntamente a información clasificada de las Fuerzas Militares. Esta información habría sido utilizada para evadir operativos y facilitar el desplazamiento de guerrilleros con órdenes de captura.
En medio de la controversia, Wilmar Mejía negó las acusaciones y aseguró que no había entregado información ni facilitado armas a grupos armados ilegales.