La Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara pidió a la Fiscalía General de la Nación que le remita el proceso que involucra al expresidente Álvaro Uribe Vélez por su presunta responsabilidad en hechos relacionados con las masacres de El Aro y La Granja y el homicidio del defensor de derechos humanos Jesús María Valle Jaramillo.
La solicitud se conoce a pocos días de que la Fiscalía adelante, el próximo 4 de septiembre, una indagatoria contra el exmandatario y actual jefe del Centro Democrático por hechos ocurridos durante la década de los 90.
Comisión de Acusaciones alega una posible colisión de competencias
El nuevo presidente de la Comisión de Acusaciones de la Cámara, Carlos Cuenca, de Cambio Radical, solicitó a la fiscal general, Luz Adriana Camargo, revisar la competencia sobre el expediente.
Según Cuenca, el pasado 19 de agosto la Comisión aprobó por unanimidad que existe una posible colisión de competencias con la Fiscalía Tercera Delegada ante la Corte Suprema de Justicia, por lo que considera que ese órgano del Congreso debería asumir el caso.
En el oficio enviado a Camargo, la Comisión argumentó que la investigación contempla una hipótesis sobre la presunta participación de Uribe en el delito de concierto para delinquir agravado, relacionada con el grupo paramilitar que operaba en la Hacienda Guacharacas y que posteriormente fue conocido como Bloque Metro.
La comunicación señala que “lo anterior sustentado en la hipótesis investigativa relacionada con la presunta participación de Álvaro Uribe en el delito de concierto para delinquir agravado por hechos ocurridos junto al grupo paramilitar que operaba en la Hacienda Guacharacas, conocido posteriormente como el Bloque Metro, en donde el mencionado habría facilitado y promovido, supuestamente, el accionar de esta organización, fragmentándose que Álvaro Uribe ejerció como presidente desde el 7 de agosto de 2002 hasta el 7 de agosto de 2010, mientras que la actual investigación tendría como fecha de consumación del delito de concierto para delinquir agravado el año 2003”.
Cuenca añadió que “en consecuencia, atendiendo al carácter permanente del concierto para delinquir agravado, así como al momento en que habría cesado la supuesta actividad delictiva para el 2003, existiría una razón objetiva para que esta Comisión asuma conocimiento como juez natural de los hechos que eventualmente se hubieran desarrollado durante el período de tiempo en el que Uribe Vélez fungió como presidente”.
Finalmente, la Comisión advirtió que, si la Fiscalía no acepta su solicitud, el expediente debería ser enviado a la Corte Constitucional para que determine cuál autoridad tiene competencia, conforme al Artículo 95 de la Ley 600 de 2000 y el Artículo 241 de la Constitución.
Cuenca sostuvo que “de no acceder su despacho a esta solicitud, se requiere para que, previa respuesta a esta Comisión, se remita el expediente objeto de colisión de competencia a la Sala Plena de la Corte Constitucional con el fin de dirimir de plano la colisión, según lo normado en el Artículo 95 de la Ley 600 del 2000 y el Artículo 241, numeral 11 de la Constitución Política”.