El presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, autorizó este miércoles la extradición a Estados Unidos de cinco integrantes de organizaciones armadas que habían participado como negociadores en procesos de paz impulsados durante el Gobierno de Gustavo Petro.
La decisión cobija a Geovanny Andrés Rojas, alias Araña, de la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano (CNEB); Willinton Henao Gutiérrez, alias Mocho Olmedo, del Estado Mayor de Bloques y Frente (EMBF), y Carmen Evelio Castillo, alias Muñeca, dirigente de las Autodefensas Conquistadores de la Sierra Nevada (ACSN).
También fueron avaladas las extradiciones de Gabriel Yepes Mejía, alias HH, señalado líder de una disidencia del ELN, y Fredy Castillo Carrillo, alias Pinocho, integrante de las ACSN. Estos dos últimos se encuentran prófugos. Lea: De la Espriella endurece su ofensiva: miles de capturas y 30 extradiciones
Según explicó el mandatario, las cinco extradiciones habían sido concedidas durante 2025, pero su ejecución quedó suspendida debido a que los involucrados participaban en espacios de diálogo con el Gobierno anterior.
“He ordenado hacer efectiva la entrega en extradición a los Estados Unidos de América de cinco ciudadanos, cuyas extradiciones ya habían sido concedidas por el Gobierno Nacional durante el año 2025, pero cuya entrega permanecía suspendida debido a la participación de estas personas como representantes en distintos procesos, mesas o espacios de diálogo adelantados por el Gobierno anterior”, expresó.
¿Por qué fueron autorizadas las extradiciones a Estados Unidos?
De la Espriella afirmó que los requeridos son solicitados por autoridades estadounidenses por diferentes delitos, entre ellos narcotráfico, concierto para delinquir, lavado de activos, porte de armas y narcoterrorismo.
El presidente aseguró además que su Gobierno revisó los expedientes antes de levantar la suspensión de las entregas.
“Luego de verificar cada caso (...) no encontramos acreditados aportes verificables ni resultados concretos de estas personas a la consecución de la paz”, añadió De la Espriella.
Las decisiones marcan un nuevo rumbo frente al manejo de los procesos de negociación con organizaciones armadas. La administración anterior había impulsado la política de ‘paz total’, que contemplaba conversaciones con el ELN y las disidencias de las FARC, además del sometimiento de estructuras criminales como el Clan del Golfo.
La política enfrentó dificultades, especialmente tras el deterioro de los diálogos con el ELN y el aumento de la presencia de grupos armados en distintas zonas del país.
Antes de asumir la Presidencia, el pasado 7 de agosto, De la Espriella había anticipado su posición frente a las negociaciones adelantadas por el Gobierno Petro. “En mi Gobierno no habrá ofertas generosas ni concesiones inaceptables como las que recibieron”, afirmó en ese momento.