El Gobierno de Abelardo de la Espriella derogó la resolución que, desde 2015, ordenaba suspender la aspersión con glifosato sobre los narcocultivos en Colombia.
Según se conoció, el Consejo Nacional de Estupefacientes anuló la resolución teniendo en cuenta los pronunciamientos de la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos (EPA) y de la Corte Suprema de ese país, que sostienen que el glifosato “no es probable que sea carcinogénico para los seres humanos”, una postura diferente a la de la Organización Mundial de la Salud (OMS).
Según la resolución, estos conceptos deberán ser considerados por el Instituto Nacional de Salud (INS), entidad encargada de evaluar los posibles riesgos para la salud antes de que pueda implementarse nuevamente un programa de aspersión aérea.
Así las cosas, la Resolución 0006 de 2026 deja sin efecto la Resolución 6 de 2015. Sin embargo, esta decisión no significa que se reanuden automáticamente las operaciones de aspersión aérea con glifosato, ya que el Gobierno deberá cumplir previamente con una serie de condiciones.
Entre ellas, contar con un Plan de Manejo Ambiental General vigente, expedido por la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (Anla), y realizar una consulta previa con las comunidades étnicas de las zonas donde se desarrollaría el programa, de acuerdo con el Convenio 169 de la OIT y los lineamientos de la Corte Constitucional.
Además, el programa deberá tener en cuenta los conceptos del Instituto Nacional de Salud (INS).
¿Por qué Colombia suspendió la aspersión aérea con glifosato?
En 2015, el Gobierno suspendió el Programa de Erradicación de Cultivos Ilícitos mediante Aspersión Aérea con Glifosato (PECIG). La medida se tomó bajo el principio de precaución, después de que la Agencia Internacional para la Investigación sobre el Cáncer (IARC), de la OMS, clasificara el glifosato como “probablemente carcinogénico para los seres humanos”.
La Corte Constitucional posteriormente señaló que la aspersión podía representar riesgos significativos para la salud humana y que existían posibles impactos sobre el medio ambiente.
Otro de los motivos importantes fue la afectación que las fumigaciones podían generar sobre comunidades étnicas y sus territorios. La Corte estableció que, cuando una operación de aspersión pudiera afectar directamente a comunidades indígenas o tribales, el Estado debía realizar consulta previa.
Esto incluía posibles afectaciones a cultivos lícitos, salud, fuentes de agua, medio ambiente y prácticas culturales de las comunidades.