El Gobierno nacional impugnará el fallo judicial que ordenó al presidente Abelardo de la Espriella ofrecer disculpas por un acto de carácter religioso realizado durante su posesión presidencial del pasado 7 de agosto.
La decisión fue emitida por el Juzgado Quinto Laboral del Circuito de Bogotá, que consideró que durante la ceremonia se vulneró el principio de neutralidad religiosa del Estado.
De la Espriella se disculpa por acto religioso en investidura
De la Espriella ofreció sus disculpas a quien pudiera haber ofendido el acto religioso que se llevó a cabo en la toma de posesión del 7 de agosto, a la vez que reiteró su fe católica y pidió a Dios que bendiga al país.
“Aunque me identifico como creyente, soy católico, respeto la separación entre la Iglesia y el Estado y garantizaré en el marco de mis funciones las libertades y los derechos de todos los colombianos sin ningún distingo, incluida la libertad de profesar cualquier religión, o de no profesar ninguna, así como la Constitución ampara mi derecho a profesar libremente la mía, y a hacerlo de manera pública y privada”, expresó el presidente.
Impugnarán fallo que obligó a De la Espriella a pedir perdón
El mandatario se refirió al fallo durante una alocución presidencial emitida en la noche del domingo 30 de agosto. De la Espriella manifestó que es creyente y católico, pero aseguró que respeta la separación entre la Iglesia y el Estado.
Aunque cuestionó la decisión, el presidente cumplió con la orden judicial y ofreció disculpas por el acto de invocación religiosa realizado en Cali.
“Si este acto pudo generar incomodidad o si ofendió a alguna persona, ofrezco excusas por ello”, afirmó el mandatario.
Gobierno prepara batalla jurídica
El cumplimiento de la orden judicial no significa que el Gobierno dé por cerrado el caso. Carlos Suárez, estratega de De la Espriella, confirmó que la administración prepara diferentes acciones para controvertir el fallo.
Suárez defendió el derecho del presidente a expresar sus creencias y sostuvo que la condición de servidor público no elimina los derechos fundamentales relacionados con la libertad religiosa y la libertad de expresión.
“La libertad religiosa y la libre expresión no se pierden al adquirir la calidad de servidor público. ¡Que viva Cristo Rey!”, señaló.
Entre las acciones que contempla el Gobierno está la impugnación del fallo y una eventual solicitud de revisión ante la Corte Constitucional, con el propósito de que el alto tribunal se pronuncie sobre los límites de la libertad religiosa y de expresión de un presidente de la República.
Suárez también cuestionó que las acciones de tutela contra los presidentes sean conocidas por jueces de circuito y planteó que estos procesos deberían volver a estar bajo competencia del Consejo de Estado.
El funcionario atribuyó ese cambio a una modificación realizada durante el gobierno del expresidente Gustavo Petro.
De esta manera, el Gobierno busca llevar la discusión más allá del cumplimiento de las disculpas ordenadas por el juzgado y convertir el caso en un debate sobre libertad religiosa, libertad de expresión y los límites de las manifestaciones de carácter religioso por parte del jefe de Estado.