La defensora del Pueblo, Iris Marín, hizo un llamado al Gobierno nacional y a la Fuerza Pública para evitar que menores de edad reclutados por grupos armados ilegales continúen muriendo en bombardeos, luego de la muerte de tres adolescentes en una operación militar en Guaviare.
Marín recordó que el reclutamiento de niños, niñas y adolescentes está prohibido por el derecho internacional humanitario y señaló que los grupos armados tienen la responsabilidad de poner fin a esta práctica. Sin embargo, también pidió a las autoridades extremar las medidas de protección cuando exista información sobre la presencia de menores en los campamentos atacados. Lea: “Vamos detrás de ti”: el contundente mensaje de De La Espriella a alias Iván Mordisco
Defensoría alerta por reclutamiento de menores en Colombia
De acuerdo con cifras de la Defensoría del Pueblo, entre 2024 y el 31 de julio de 2026 fueron reclutados 1.173 menores de edad por grupos armados ilegales, de los cuales 97 corresponden a lo que va de 2026.
La defensora advirtió que estas cifras podrían ser superiores debido al subregistro que existe alrededor del reclutamiento infantil. Según explicó, en algunos territorios los casos no son denunciados y en otros esta práctica puede llegar a normalizarse.
“Por información de terreno sabemos que el número es mayor”, señaló Marín.
La funcionaria también indicó que durante los últimos cuatro años 73 niños, niñas y adolescentes han muerto en bombardeos de la Fuerza Pública, 31 de ellos durante 2025.
Defensoría pide extremar medidas antes de los bombardeos
Marín reconoció que el Estado tiene la facultad de realizar operaciones militares contra grupos armados ilegales, incluidos ataques aéreos, cuando estos sean necesarios para proteger a la población.
Sin embargo, sostuvo que las autoridades tienen el deber de extremar las medidas de precaución cuando exista una alta probabilidad de que haya menores de edad reclutados dentro de las estructuras armadas.
En ese sentido, pidió evaluar alternativas operacionales que permitan reducir el riesgo para la vida de los niños, niñas y adolescentes, de acuerdo con los protocolos establecidos para este tipo de operaciones.
“No podemos resignarnos a que en los operativos militares mueran menores de edad que fueron víctimas previamente de la desprotección prolongada del Estado”, afirmó la defensora.
“Ningún niño pierde su condición de víctima”
La defensora del Pueblo también cuestionó la posibilidad de considerar que los menores reclutados pierden su condición de víctimas por participar en las hostilidades.
Marín sostuvo que ningún niño, niña o adolescente deja de ser víctima de reclutamiento por haber participado en acciones armadas y rechazó que se pueda presumir que estos menores estaban desempeñando funciones permanentes de combate.
La declaración se produjo después de que el ministro de Defensa, Jorge Eduardo Mora, se refiriera a los menores muertos en el bombardeo de Guaviare.
Defensoría pide reactivar comisión contra el reclutamiento
Como medida de fondo, Iris Marín pidió al Gobierno nacional reactivar la Comisión Intersectorial de Prevención del Reclutamiento, Uso y Utilización de Niños, Niñas y Adolescentes por Grupos Armados Organizados y Grupos Delictivos Organizados.
Según explicó, esta instancia permite articular a diferentes entidades estatales para prevenir el reclutamiento y proteger a los menores en zonas donde existe presencia de grupos armados.
No obstante, la defensora señaló que el liderazgo de esta comisión estaba a cargo de la Consejería Presidencial para los Derechos Humanos, una entidad que fue eliminada durante el actual Gobierno de Abelardo de la Espriella.
Para Marín, la prevención del reclutamiento y la protección de los menores deben mantenerse como una prioridad estatal, especialmente en las regiones donde persiste la presencia de grupos armados ilegales.