La Corte Constitucional ordenó a la Unidad Nacional de Protección ofrecer excusas públicas a la familia de Miguel Uribe Turbay por las declaraciones de su entonces director, Augusto Rodríguez Ballesteros, acerca del esquema de seguridad del exsenador y aspectos de la vida privada de su familia.
Las declaraciones cuestionadas fueron dadas en julio de 2025, luego del atentado contra Miguel Uribe Turbay ocurrido el 7 de junio de ese mismo año. Rodríguez dio información sobre el manejo de Uribe Turbay a su esquema de seguridad, afirmando que en “un exceso de confianza del candidato” había pedido a parte de sus escoltas estuvieran al cuidado de su familia. Lea también: Seguridad dispersa y policías trasnochados: UNP sobre esquema de Miguel Uribe en atentado
También aseguró que el mismo Miguel Uribe tomó la decisión de “fraccionar su esquema de seguridad y debilitarlo”, lo que ante la Corte significó que “desatendió los límites que se imponen al ejercicio de la libertad de expresión de funcionarios públicos”, incluso al tratarse de un asunto de interés público.
Además, el alto tribunal consideró que este pronunciamiento desconoció la intimidad de la familia de Uribe Turbay y que, por las características del caso, el funcionaria no tuvo en cuenta las garantías especiales que corresponden a quienes ejercen la oposición política.
A su vez, se tuvo en cuenta la solicitud realizada a la UNP por parte de María Claudia Tarazona en la que solicitó a la entidad rectificar las declaraciones hechas públicamente sobre Miguel Uribe y su esquema de seguridad.
Las medidas que deberá cumplir la UNP tras el fallo
En esa oportunidad, la UNP se limitó a responder que la solicitud y los hechos alrededor de ella serían dados a las autoridades competentes, sin embargo, la Corte determinó que esa respuesta no fue suficiente para responder lo que había solicitado Tarazona, por lo que exigió que la UNP responda nuevamente y de acuerdo a la petición.
Las excusas deberán presentarse en una rueda de prensa a nivel nacional, incluyendo a medios públicos y privados, dentro de las 48 horas siguientes a la comunicación de la sentencia.
Asimismo, la UNP deberá actualizar sus protocolos y determinar con mayor claridad qué información sobre la ejecución de los esquemas de seguridad debe permanecer protegida cuando está relacionada con la vida familiar de las personas protegidas.
Además, la Corte pidió a la UNP, la Defensoría del Pueblo y la Procuraduría trabajar en conjunto en un mecanismo para hacer seguimiento a las acciones de protección de miembros de la oposición que presenten altos niveles de riesgo.