La aparición de una bala disparada dentro de la sede principal de la Procuraduría, en Bogotá, llevó a la Corte Suprema de Justicia a advertir sobre un posible riesgo para los funcionarios que participaron en el proceso contra Juan Francisco Gómez Cerchar, conocido como ‘Kiko’ Gómez, condenado a 31 años de prisión por homicidio agravado.
El proyectil fue encontrado en la oficina de Pedro Luis Bonilla Bolaños, procurador delegado para la Casación Penal. El funcionario había intervenido ante la Corte Suprema dentro del proceso y había solicitado que se dejara sin efecto la decisión que favorecía parcialmente al exgobernador de La Guajira.
El hallazgo ocurrió en el piso 26 del edificio de la Procuraduría. Aunque la primera hipótesis de la Policía apuntaba a que podía tratarse de una bala perdida, la Corte Suprema puso el hecho en contexto con las amenazas que habían empezado a conocerse después de la condena contra Gómez Cerchar.
¿Qué relación tiene la amenaza con la condena de Kiko Gómez?
La preocupación quedó plasmada en el oficio JJUM-0085, elaborado por Carlos Roberto Solórzano Garavito, presidente de la Sala Penal de la Corte Suprema. En el documento se advierte sobre la posibilidad de que la situación esté relacionada con el proceso judicial que terminó con la condena del exmandatario.
“La semana pasada, en varias plataformas virtuales, circuló una información según la cual “un poderoso asesino guajiro -hoy preso y con varias condenas en última instancia-, les pidió a los miembros de su familia renunciar a los cargos públicos que ocupan y radicarse en Italia, donde tiene nacionalidad. Les explicó que él ya ordenó los prontas asesinatos de tres personas y no quiere que sus parientes más cercanos estén al alcance de la justicia colombiana cuando ello ocurra”, se lee en el oficio.
El caso tiene como víctima a Luis Gregorio López Peralta, concejal de Barrancas, La Guajira. De acuerdo con la información suministrada a la Corte, López Peralta tenía respaldo popular y aspiraciones políticas que podían llevarlo a disputar el control local que en ese momento mantenía Gómez Cerchar.
La decisión que llevó a la pena de 31 años no fue adoptada inicialmente por el Tribunal Superior de Bogotá. Esa corporación declaró prescrita la acción penal en dos homicidios, absolvió al procesado en otro de los hechos y lo declaró responsable únicamente por concierto para delinquir.
La decisión fue posteriormente revisada por la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema, que recibió el recurso de casación presentado contra el fallo del tribunal. El 29 de abril de este año, la corporación modificó esa determinación, revocó la absolución y condenó a Gómez Cerchar por homicidio agravado.
Después de esa decisión comenzaron a circular versiones sobre supuestas órdenes atribuidas al condenado. En ellas se afirmaba que habría pedido a familiares que ocupaban cargos públicos trasladarse a Italia, país del que tienen nacionalidad, y que habría manifestado que ya estaban ordenados los asesinatos de tres personas.
El 26 de agosto, una procuradora judicial involucrada en una de las demandas de casación acudió ante el presidente de la Sala Penal para expresarle su preocupación por su integridad y por la seguridad de los demás funcionarios judiciales vinculados al expediente.
Días después, el 1.º de septiembre, Bonilla Bolaños comunicó que había aparecido una bala disparada dentro de su despacho. El hecho fue considerado motivo de “gran preocupación” y quedó incorporado a la alerta transmitida por la Corte Suprema.
Solórzano Garavito sostuvo que los magistrados de la Sala de Casación Penal también podrían encontrarse en riesgo como consecuencia de la condena impuesta a Gómez Cerchar. Ante esa posibilidad, pidió que la Dirección de Protección de la Policía Nacional conociera la situación y aumentara las medidas destinadas a proteger a los integrantes de la corporación y a sus familias.
Tras la alerta, Iván Mauricio Lenis, presidente de la Corte Suprema, sostuvo una reunión con el área de seguridad de la corporación y con la Dirección de Protección de la Policía. El objetivo fue reforzar las medidas de protección para los magistrados ante el riesgo advertido en relación con el caso.