Una denuncia por presuntas irregularidades en millonarios contratos de servicios aéreos de Ecopetrol terminó archivada por la Fiscalía y, posteriormente, con la negativa de la justicia a reabrir el caso que involucraba al entonces presidente de la petrolera, Ricardo Roa.
La investigación se originó en señalamientos sobre posibles hechos de corrupción relacionados con la contratación. Sin embargo, tras revisar los elementos recopilados durante la indagación, el ente acusador concluyó que no había evidencia suficiente para sostener la existencia de una conducta penal.
¿Qué investigaba la Fiscalía sobre los contratos de Ecopetrol?
La denuncia advertía sobre presuntas irregularidades en la celebración de contratos destinados a garantizar los servicios aéreos de Ecopetrol durante la administración de Ricardo Roa. Los denunciantes consideraban que los hechos debían ser objeto de investigación penal.
La Fiscalía adelantó las respectivas verificaciones y decidió archivar el proceso mediante una determinación fechada el 22 de agosto de 2025. La decisión fue cuestionada por los denunciantes, quienes acudieron ante la justicia para solicitar que el expediente volviera a abrirse.
“Aplicando además un estándar equivocado: en lugar de limitarse a establecer si existían circunstancias objetivas que permitieran caracterizar los hechos como delito, habría efectuado valoraciones propias de una decisión de fondo y exigido prácticamente que la víctima demostrara la responsabilidad penal”, dijo el abogado Julián Quintana, representante de la empresa Helicol.
¿Por qué la Fiscalía archivó la denuncia contra Ricardo Roa?
El caso llegó a un juzgado luego de que los denunciantes pidieran el desarchivo. Tanto la Fiscalía como la contraparte defendieron la decisión inicial y señalaron que no existían nuevos elementos de prueba que justificaran reactivar la investigación.
“Considera que la solicitud del apoderado de víctimas carece de argumento fáctico y jurídico. La decisión de archivo fechada el 22 de agosto de 2025 se fundamentó en un análisis crítico y valorativo de las evidencias recaudadas en la etapa de indagación. Indica que no se trata de ninguna omisión en la verificación de los hechos, sino en una constatación objetiva de que la conducta denunciada no reúne los requisitos del tipo penal, razón por la cual se dio la aplicación al artículo 79 del C.P.P.”, señaló la Fiscalía.
¿Qué dijo la defensa sobre el intento de reabrir el proceso?
El abogado Juan Manuel Valcárcel, quien representó a la contraparte, sostuvo que durante el trámite no fueron presentadas pruebas nuevas que cambiaran las conclusiones de la Fiscalía.
“Analizó una cantidad importante de documentación que hacía parte no solo de la investigación, sino de la denuncia que dio lugar a este proceso. A instancias de la denuncia, el abogado solicitante, el doctor Dani Julián Quintana, en representación de la empresa, no presentó ningún elemento nuevo que permitiera al juez tomar la decisión de desarchivar. Así como tampoco lo presentó ante la Fiscalía General de la Nación”, señaló el abogado Valcárcel.
De esta manera, la solicitud de reabrir la investigación no prosperó y el proceso por las presuntas irregularidades en los contratos de servicios aéreos de Ecopetrol quedó archivado.